Rafael Resquín, uno de los voceros del sector, explicó que la preocupación surge luego de que el proyecto quedara con “tratamiento sin fecha”, lo que permitiría su inclusión en el orden del día en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria.
“Estábamos conversando con autoridades del Ejecutivo, con la Comisión de Hacienda y con el vicepresidente de la República, esperando que se respete el plazo establecido para el 25 de marzo. Con esta nueva información, el panorama cambia totalmente”, señaló.
Resquín indicó que la Intersindical se declara en “alerta roja” y resolvió una movilización nacional en todos los niveles y modalidades de la educación pública, en todos los turnos, a partir del miércoles 11. El objetivo, dijo, es “contrarrestar cualquier tratamiento inesperado” del proyecto en la Cámara de Senadores.
El dirigente recordó que el sector ya presentó dos propuestas al Ministerio de Economía. Según afirmó, la primera no fue considerada y la segunda está pendiente de análisis. También señaló que la instalación de una mesa de trabajo fue resultado de la presión ejercida tras la movilización del 10 de febrero pasado.
POSIBILIDAD DE PARO Y PROTESTAS SEMANALES
Por su parte, Silvio Piris confirmó que el gremio se declaró en alerta permanente, lo que implica la posibilidad de paro de actividades académicas y administrativas en todo el país. “Al quedar sin efecto la fecha del 25, el proyecto puede tratarse en cualquier momento, incluso en una sesión extraordinaria. Si tienen los números, pueden aprobarlo en pocos minutos”, advirtió.
Piris señaló que, si el proyecto no es tratado este miércoles, las movilizaciones se repetirán cada semana en coincidencia con los días de sesión del Senado, como medida preventiva.
Asimismo, informó que fueron convocados a una reunión el lunes a las 9:00 con el senador Basilio Núñez (conocido como Beto Ovelar), con la expectativa de acercar posiciones entre la propuesta del Gobierno y la del sector docente. No obstante, cuestionó lo que calificó como una “jugada de mala fe” por parte del Ejecutivo al modificar las condiciones de tratamiento del proyecto.
PÉRDIDA DE CONFIANZA Y RECLAMO POR JUBILACIÓN DIGNA
En la misma línea, Gabriel Espínola sostuvo que la ruptura de la confianza obliga al gremio a responder con movilización y organización. Afirmó que el único responsable de la situación financiera de la Caja Fiscal es el Estado.
“El patrón Estado nunca aportó un solo porcentaje a la Caja Fiscal y ahora quiere trasladar el peso a los trabajadores con porcentajes absolutamente desmedidos. Nosotros rechazamos eso y vamos a pelear por mantener el aporte actual y exigir que el Estado cumpla con lo que corresponde”, expresó.
Espínola subrayó que el eje del conflicto es la defensa de una jubilación digna para los trabajadores de la educación y advirtió que las movilizaciones podrían escalar si no obtienen respuestas satisfactorias.
MODALIDAD DE LAS PROTESTAS
Inicialmente, las movilizaciones se realizarán en las cabeceras departamentales, con concentraciones definidas por cada organización. En el caso del departamento Central y el Bajo Chaco, la convocatoria será en Asunción. Los dirigentes no descartan extender las medidas, incluyendo paros y concentraciones masivas en la capital, en caso de que el proyecto avance sin consenso.
La Intersindical remarcó que seguirá atenta a lo que ocurra en el Senado y que la decisión final sobre la intensidad de las medidas dependerá del tratamiento legislativo en los próximos días.
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