El giro no es menor. En su momento, la devolución de la carga fue leída como una rectificación implícita de un operativo desproporcionado, ejecutado con drones, fusiles y despliegue intimidante, contra un productor que incluso había sido reconocido por el propio Estado como ejemplo de soberanía alimentaria. Sin embargo, ahora la DNIT, lejos de admitir sus propios errores, optó por endurecer su postura, aun a costa de la credibilidad institucional y del mensaje que se envía al sector productivo.
En entrevista con RCC Radio, el director de la DNIT, Óscar Orué, confirmó este jueves que el sumario administrativo concluyó con una declaración de contrabando y que se ejecutará la fianza presentada por el productor, equivalente al doble del valor de la mercadería. Según el funcionario, la decisión se basa en supuestas inconsistencias entre el nivel de producción y la cantidad comercializada, además del uso de bolsas con inscripciones extranjeras.
No obstante, el caso presenta serias contradicciones. El productor había demostrado ante gremios de la producción, legisladores y medios de comunicación que la cebolla era íntegramente producida en el Chaco paraguayo, algo que incluso fue constatado in situ por periodistas y actores del sector.
«PREMIADO» Y CASTIGADO POR EL PROPIO ESTADO
El propio Ministerio de Agricultura y Ganadería había reconocido públicamente esa producción, llegando a premiarla. ¿Cómo puede el Estado elogiar una producción y, semanas después, tratarla como contrabando?
La DNIT sostiene que se trató de una maniobra para “mezclar” producción nacional con producto ilegal, apoyándose en un trabajo de inteligencia y allanamientos autorizados judicialmente. Sin embargo, la línea entre una infracción administrativa y un delito grave fue deliberadamente borrada, elevando el caso a la categoría de contrabando sin que exista consenso técnico ni social al respecto.
Más grave aún es el mensaje político e institucional: el productor es culpable hasta que logre probar lo contrario, mientras el Estado se reserva el derecho de cambiar de criterio meses después, sin asumir responsabilidad alguna por el daño económico, reputacional y psicológico causado. La DNIT no solo incautó mercadería; instaló miedo, generó incertidumbre y debilitó la confianza en las reglas del juego.
Gremios de la producción como FECOPROD y la UGP advirtieron desde el inicio que este tipo de operativos criminalizan al productor nacional, equiparándolo al contrabandista profesional. En lugar de acompañar, capacitar y corregir, el enfoque elegido fue punitivo, espectacular y tardíamente justificado.
Si hubo errores administrativos —falta de facturación, problemas fitosanitarios o uso indebido de envases— el camino razonable era la regularización, no la demolición pública de un emprendimiento con más de dos décadas de trabajo. Cuatro meses después, la resolución de la DNIT parece menos una búsqueda de justicia y más un intento de no “doblar la mano”, aun cuando la evidencia social, productiva y territorial diga lo contrario.
El caso de la cebolla del Chaco deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿El Estado paraguayo protege al que produce o castiga al que no encaja en la lógica burocrática del castigo ejemplar?
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