La Cámara de Diputados elevó el nivel de control sobre tres instituciones estatales. El pleno aprobó tres pedidos de informes impulsados por la diputada Alexandra Zena (CN-Central), mediante los cuales Petropar, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Instituto de Previsión Social (IPS) deberán brindar detalles sobre distintos aspectos de su gestión.
Los requerimientos buscan transparentar el manejo de recursos públicos y obtener información sobre cuestiones que tienen impacto directo en la ciudadanía, desde el precio de los combustibles hasta la respuesta ante fenómenos climáticos y la administración de los bienes del IPS.
Petropar, bajo la lupa por el precio de los combustibles
Petropar deberá explicar las variaciones aplicadas a los precios de sus combustibles durante los últimos 12 meses y detallar los criterios técnicos y financieros utilizados para establecer las recientes subas.
El pedido también apunta a conocer la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo, los volúmenes y costos de adquisición, los niveles de stock y los márgenes de comercialización.
La intención es determinar cómo las fluctuaciones del mercado internacional repercuten en los consumidores y si una eventual reducción en el precio internacional del crudo puede traducirse en una disminución de los precios en las estaciones de servicio.
SEN deberá mostrar su capacidad de respuesta
La Secretaría de Emergencia Nacional deberá rendir cuentas sobre su preparación frente a posibles eventos climáticos, con especial atención a las proyecciones y antecedentes relacionados con el fenómeno “El Niño”.
El organismo tendrá que informar sobre su capacidad operativa, planes de contingencia, disponibilidad de insumos, albergues temporales y mecanismos de coordinación con gobernaciones, municipios y otras instituciones estatales.
La Cámara busca conocer si el país cuenta actualmente con las condiciones necesarias para responder ante eventuales inundaciones, temporales y otras emergencias climáticas.
IPS deberá transparentar su patrimonio inmobiliario
Uno de los pedidos que podría generar mayor interés apunta al patrimonio inmobiliario del IPS. La institución deberá presentar información sobre sus inmuebles, incluyendo tasaciones, estado de ocupación, rentabilidad y situación administrativa y financiera al 30 de junio de 2026.
También deberá detallar los contratos de alquiler con terceros, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las deudas y los procesos judiciales relacionados con estos bienes.
El requerimiento incluye además información sobre posibles ocupaciones sin autorización, edificios que permanecen desocupados o improductivos y la rentabilidad histórica obtenida por el patrimonio inmobiliario durante los últimos diez años.
Quince días para responder
Los tres organismos estatales tendrán 15 días para remitir las respuestas solicitadas a la Cámara de Diputados.
Con estos pedidos, la Cámara Baja busca obtener información precisa sobre el manejo de recursos estratégicos y el funcionamiento de instituciones que tienen incidencia directa en la economía, la seguridad ante emergencias y la administración de los fondos y bienes de los asegurados.
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