El primer pedido está dirigido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y busca conocer el funcionamiento, operación y fiscalización de las estaciones de pesaje vehicular en todo el territorio nacional, así como el régimen de sanciones aplicado ante casos de exceso de carga.
La iniciativa plantea obtener información sobre los requisitos exigidos a las empresas tercerizadas que operan estas estaciones, el tiempo que llevan prestando el servicio y los mecanismos de supervisión implementados por el MOPC para garantizar la confiabilidad y trazabilidad de las mediciones.
Asimismo, se solicita conocer la cantidad de vehículos controlados, los casos de sobrepeso detectados y las sanciones aplicadas, con especial atención al Departamento de Cordillera y los principales corredores viales de su zona de influencia.
El planteamiento toma como referencia la Ley N.º 5016/2014, que establece la obligatoriedad del control de peso y dispone que los vehículos que circulen con exceso de carga deben cumplir con el procedimiento correspondiente antes de continuar su recorrido.
Por otro lado, el segundo proyecto solicita un informe a la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) sobre los criterios técnicos, administrativos y de fiscalización utilizados para la habilitación y funcionamiento de empresas, talleres y Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV).
El pedido busca determinar los mecanismos empleados por la institución para controlar estos establecimientos, la idoneidad de sus operadores, la confiabilidad de los equipos utilizados y las medidas adoptadas ante eventuales incumplimientos.
Desde la Cámara de Diputados señalaron que ambos pedidos buscan fortalecer el control legislativo sobre áreas directamente relacionadas con el transporte y la seguridad vial, además de promover mayor transparencia y confiabilidad en los procesos de fiscalización.
Los informes también pretenden contribuir a que los controles de peso y las inspecciones técnicas se realicen bajo criterios uniformes, técnicamente confiables y conforme a la normativa vigente, con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de los usuarios de las vías públicas.
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