Esgaib explicó que la iniciativa exige a las personas físicas y jurídicas informar a la comisaría de su jurisdicción si cuentan con cámaras instaladas con vista a la vía pública —es decir, enfocadas hacia la vereda o la calle—.
Aclaró de forma enfática que este registro no requiere de permisos ni autorizaciones previas para los propietarios, ni tampoco obliga a la entrega indiscriminada de material audiovisual.
El objetivo del proyecto es permitir que la Policía Nacional y la Fiscalía cuenten con una base de datos consolidada. De este modo, ante la comisión de un hecho punible en una zona determinada, las autoridades sabrán de antemano a qué inmuebles acudir para solicitar, mediante los canales legales correspondientes y la intervención del Ministerio Público, las grabaciones delimitadas a un rango horario específico.
DESCARTE DEL ACCESO EN TIEMPO REAL E INTIMIDAD DOMICILIARIA
Frente a la preocupación de que la policía pueda monitorear de forma continua el interior o los accesos de las viviendas, el parlamentario enfatizó que no existe posibilidad alguna de supervisión online o en directo desde las comisarías.
Señaló que en los debates iniciales se consideró la alternativa de un acceso en tiempo real, pero la idea fue rápidamente descartada para proteger la intimidad domiciliaria y evitar que eventuales filtraciones o vulnerabilidades de seguridad beneficiaran a la delincuencia.
Respecto a las áreas privadas, Esgaib puntualizó que la norma abarca de manera exclusiva las cámaras orientadas al espacio público, excluyendo espacios íntimos como salas, patios interiores o baños.
No obstante, indicó que para las cámaras comunitarias instaladas por comisiones vecinales en esquinas estratégicas sí podría preverse un esquema de monitoreo coordinado con personal policial capacitado.
OBLIGATORIEDAD, PLATAFORMAS DIGITALES Y TRÁMITE DE REGISTRO
En cuanto al procedimiento de notificación, el diputado indicó que se contempla la vía presencial en las comisarías correspondientes. Ante la inquietud sobre las dificultades operativas o el desinterés de los ciudadanos para acudir físicamente a las dependencias policiales, Esgaib acogió de manera favorable la sugerencia de incorporar el portal digital del Gobierno como canal remoto de inscripción para simplificar el proceso.
Finalmente, si bien confirmó que la ley establece la obligación formal de reportar los equipos, aclaró que el texto actual no contempla sanciones ni multas para quienes no lo hagan.
El legislador confió en el sentido común y la disposición de la ciudadanía para colaborar con las fuerzas de seguridad, al tiempo que lamentó la postura de ciertos sectores políticos que optan por el rechazo total de los proyectos en lugar de proponer modificaciones para mejorarlos.
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