La reunión se realizará en la sala “Paz del Chaco” de la Cámara de Senadores, y contará además con la participación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien también fue convocado para exponer sobre el estado de las investigaciones penales.
El caso tomó relevancia nacional tras descubrirse la existencia de una estructura criminal que habría utilizado pagarés falsos o ya cancelados para promover juicios ejecutivos irregulares, afectando a miles de personas, en su mayoría docentes del interior del país, mediante embargos salariales y resoluciones judiciales presuntamente fraudulentas.
Según datos preliminares de la Corte Suprema, se identificaron más de 23.000 expedientes sospechosos, principalmente tramitados en juzgados de Paz de Asunción y del departamento Central. Como consecuencia, se inició un proceso de depuración masiva, que ya derivó en miles de finiquitos y anulaciones por irregularidades comprobadas.
El senador Soroka explicó que el objetivo de la convocatoria es recabar información detallada sobre los avances institucionales, las auditorías realizadas y las medidas correctivas aplicadas en los juzgados involucrados, tanto en la capital como en otras circunscripciones del país, incluida la zona este.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que, semanas atrás, durante la última sesión plenaria del año 2025, la CSJ presentó un informe de aproximadamente 36 páginas, en el que se detalla la evolución de las acciones implementadas desde que las denuncias salieron a la luz pública.
Entre las principales medidas adoptadas por la Corte se destacan la remisión al Congreso Nacional de tres proyectos de ley, orientados a cerrar vacíos legales que habrían facilitado los abusos. Las iniciativas incluyen:
Un proyecto que regula el régimen de depósito judicial de títulos de crédito y documentos originales.
Una propuesta que autoriza a los juzgados de Paz a suspender provisoriamente embargos y medidas cautelares sobre salarios y otros ingresos personales.
La creación de nuevos juzgados de Paz en distintos distritos, sin impacto presupuestario, para descongestionar el sistema.
Asimismo, la CSJ participó institucionalmente en al menos cinco sesiones de una Comisión Especial del Senado, donde expuso los fundamentos jurídicos y el alcance de las reformas impulsadas.
Otras acciones informadas incluyen la depuración de expedientes conforme a la Acordada Nº 1800/2025, auditorías jurisdiccionales y administrativas de reacción inmediata, la instrucción de sumarios con sanciones disciplinarias, y la digitalización progresiva de los juzgados de Paz, como parte de una estrategia para fortalecer la transparencia.
Además, el Poder Judicial habilitó nuevos mecanismos para la recepción de denuncias, con el objetivo de facilitar que las víctimas reporten irregularidades y prevenir la repetición de estos hechos.
La comparecencia ante la Comisión Permanente se da en un contexto de fuerte presión social e institucional para que el Estado avance en el desmantelamiento total de la red delictiva, garantice justicia a las víctimas y restablezca la confianza ciudadana en el sistema judicial.
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