En entrevista con RCC Radio, Ruiz Díaz explicó que el sector realizó un análisis comparativo entre la normativa y el decreto reglamentario, evaluando impactos y oportunidades. Según indicó, la reforma implica “un cambio estructural profundo”, con mayor control estatal, un sistema de monitoreo simplificado y una fuerte dependencia de financiamiento público.
No obstante, advirtió sobre una excesiva centralización de funciones en el Estado. “El ministerio planifica, regula, sanciona, define tarifas junto al Ministerio de Economía y Finanzas, y además controla la operación y la tecnología. Eso genera un riesgo de discrecionalidad”, sostuvo.
RIESGOS ECONÓMICOS Y FALTA DE CONTRAPESOS
El titular de CETRAPAM alertó que el nuevo esquema podría incrementar los costos operativos sin garantizar mecanismos automáticos de ajuste tarifario, lo que derivaría en un desequilibrio económico-financiero e incluso en un eventual colapso del sistema.
Asimismo, cuestionó la debilidad institucional del modelo propuesto, al señalar que el consejo asesor previsto no tendría carácter vinculante. “Hay participación, pero sin incidencia real. Falta de contrapesos y riesgo de politización”, afirmó.
VENTAJAS POTENCIALES Y CONDICIONES NECESARIAS
Pese a las críticas, Ruiz Díaz reconoció que la reforma podría generar beneficios si se implementa adecuadamente, como mayor ordenamiento del sistema, transparencia, incorporación tecnológica y eventual atracción de inversiones.
Sin embargo, insistió en que el éxito dependerá de condiciones previas que aún no están garantizadas, como mejoras en infraestructura vial y control efectivo del tránsito.
DEBATE SOBRE BUSES ELÉCTRICOS
En relación con el plan de renovación de flota, el dirigente consideró inviable, en el corto plazo, una migración total a buses eléctricos. “No existe en el mundo un sistema 100% eléctrico. Los costos son altos y no tenemos la infraestructura adecuada. Hoy se busca traer los jugadores, pero no tenemos la cancha preparada”, graficó.
En ese sentido, valoró como más razonable la propuesta de una transición gradual con un esquema mixto: 40% de unidades eléctricas y 60% a combustión.
INCERTIDUMBRE EN LA IMPLEMENTACIÓN
Ruiz Díaz también cuestionó la falta de claridad en la comunicación oficial, mencionando contradicciones entre autoridades sobre los plazos del proceso. Mientras se anuncian licitaciones para julio, otras versiones hablan de llegada de buses en junio. “Eso genera incertidumbre. No hay unicidad en el mensaje y la ciudadanía termina confundida”, indicó.
Explicó además que, bajo el nuevo modelo, la inversión en buses recaería en proveedores privados internacionales, quienes deberán ofertar unidades y acordar con el Gobierno las condiciones de pago.
RECLAMO POR FALTA DE DIÁLOGO
Finalmente, el presidente de CETRAPAM lamentó la escasa participación del sector en el diseño de la reforma. “Hace dos años pedimos ser incluidos junto con trabajadores y la sociedad civil, pero se optó por trabajar a puertas cerradas”, afirmó.
También advirtió que generar expectativas sobre una renovación inmediata del sistema sin resolver problemas estructurales —como el estado de las calles o el control de carriles exclusivos— podría derivar en frustración ciudadana.
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