Ante la reciente decisión del Juzgado Penal de Garantías de devolver el acta de imputación al Ministerio Público, el Dr. Aquino enfatizó que no se trata de un rechazo de la causa, sino de un recurso técnico de «oposición».
El juez solicitó mayor claridad en el relato de los hechos para delimitar la conducta específica de cada uno de los seis imputados, entre los que se encuentran funcionarios municipales, el proyectista y el intendente.
«Es una medida para garantizar el derecho a la defensa y evitar nulidades posteriores. Al ser un caso tan complejo, el juez requiere que se precise qué hecho punible cometió cada persona», explicó el abogado. El Ministerio Público dispone de 10 días hábiles (de los cuales restan 5) para subsanar estas observaciones y reanudar los plazos procesales.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y PERICIAS
A pesar de que el expediente estuvo paralizado durante seis meses en la Cámara de Apelaciones, la querella calificó como «satisfactoria» la labor investigativa de la Fiscalía, actualmente a cargo del fiscal Enrique Fornerón. Se ha realizado una pericia exhaustiva de nueve puntos que incluye análisis estructural, estudio de suelo y verificación de los planos presentados ante la municipalidad.
PRESERVACIÓN DE LA ESCENA Y PLAZOS FUTUROS
El Dr. Aquino anunció que, una vez que el proceso se destrabe formalmente, solicitará una medida cautelar de prohibición de innovar sobre el predio del siniestro. «Según mi criterio, el lugar no debe ser tocado ni demolido, ya que las evidencias deben permanecer intactas por si el Tribunal de Sentencia requiere una verificación in situ durante el juicio oral», señaló.
Finalmente, estimó que el juicio oral y público podría realizarse en un plazo de un año a un año y medio, considerando los tiempos de la etapa preparatoria y la audiencia preliminar. «La madre de la víctima reclama justicia día a día; es un proceso lento, pero estamos avanzando para que este hecho no quede impune», concluyó.
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