Sin embargo, desde el ámbito del derecho, la postura de la previsional fue duramente cuestionada. En entrevista con RCC Radio, el Abog. Víctor Casanova analizó la situación y lanzó una advertencia tajante: el problema de fondo no reside en el uso de los amparos judiciales, sino en las deficiencias administrativas, la escasez crítica de insumos y el despilfarro interno dentro de la previsional.
El aspecto más contundente señalado por el Abog. Casanova es que el amparo es una garantía constitucional intocable y que la Corte Suprema no tiene la potestad de actuar en contra de la ley ni restringir el derecho a la vida y a la salud para solucionar los baches financieros del IPS.
“El problema no es el amparo. El amparo es una garantía constitucional para proteger nuestros derechos: el derecho a la salud y a la vida. Detrás de cada amparo hay una persona enferma con patologías graves que no puede esperar meses. El amparo es la consecuencia de un problema que ya existía en la institución”, afirmó el abogado de manera categórica.
Casanova calificó de “cachetada para los entendidos del derecho” el intento de la previsional de involucrar al Poder Judicial para contener las demandas ciudadanas. Explicó que, ante la colisión entre los problemas presupuestarios de un ente estatal y la necesidad urgente de un paciente vulnerable, el juez siempre fallará a favor de la protección de la vida. “¿Qué puede hacer la Corte? Nada. No puede hacer nada en contra de la ley”, sentenció.
LA SOLUCIÓN ESTÁ «EN CASA»
Para el especialista, la proliferación de órdenes judiciales —que según estimaciones se han triplicado debido a la falta de fármacos oncológicos y de alto costo— se combate solucionando las irregularidades internas del IPS y no limitando el acceso de los asegurados a la justicia.
En ese sentido, criticó con dureza las prioridades de gasto de la actual administración, citando como ejemplo reparaciones millonarias de máquinas mientras faltan camas y medicamentos. Asimismo, denunció la excesiva carga económica que representan los asesores jurídicos del ente.
“¿Cómo solucionan los problemas en casa? Manejando de manera eficiente el presupuesto y evitando gastos innecesarios. El IPS gasta un promedio de 3.000 millones de guaraníes al año en unos 80 asesores jurídicos, algunos externos que ni se los conoce, con salarios que llegan a los 110 millones de guaraníes mensuales para un solo abogado. Con 20 profesionales capaces se puede hacer el trabajo de esos 80”, concluyó Casanova.
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