Durante la sesión, la ministra Ana Rolón, de la Misión Permanente de l Cancillería nacional en Ginebra, expresó el respaldo del país a los objetivos de ambas iniciativas, orientadas a la protección de mujeres, niñas y niños y a la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado.
Sin embargo, Paraguay realizó una declaración interpretativa sobre varios conceptos incorporados en los textos. «Reiteramos que toda referencia al término género será interpretada de conformidad con nuestra Constitución, es decir, como hombre y mujer, en consonancia con el artículo 7.3 del Estatuto de Roma», manifestó la delegación.
Asimismo, el país sostuvo que las referencias a derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, autonomía corporal y educación sexual integral deberán entenderse conforme al marco jurídico nacional, las prioridades de desarrollo y los valores sociales y culturales del Paraguay.
En ese contexto, la representación nacional recordó que la Constitución paraguaya protege la vida desde la concepción, principio que orienta la interpretación y aplicación de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
RESPETO A LA SOBERANÍA JURÍDICA DE LOS ESTADOS
En relación con la resolución L24-Revisión 1, Paraguay señaló que las directrices elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constituyen herramientas orientadoras, pero enfatizó que su implementación debe respetar plenamente la legislación interna y las realidades propias de cada país.
La delegación también reafirmó el papel de la familia y, especialmente, de los padres en la formación y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, principalmente en el ámbito educativo.
Finalmente, Paraguay reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, así como con la prevención de toda forma de discriminación y la eliminación de prácticas que vulneren sus derechos fundamentales, manteniendo siempre la interpretación de estos compromisos conforme a su Constitución Nacional y a su ordenamiento jurídico.















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