El comunicado denuncia que las protestas y los bloqueos de carreteras en Bolivia no son legítimos, sino “esfuerzos cínicos” financiados con dinero ilícito del narcotráfico y el crimen transnacional para impedir la distribución de alimentos y medicamentos.
Los gobiernos firmantes —entre ellos Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay— respaldaron la legitimidad de Paz frente a «grupos desestabilizadores» que buscan revertir la decisión soberana de las urnas y el fin de dos décadas de corrupción. Finalmente, instaron a los sectores con reclamos reales a sumarse al diálogo institucional y a desmarcarse de las mafias que instrumentalizan sus causas.
CRISIS POLÍTICO-SOCIAL GRAVE
Según medios internacionales, la situación político-social en Bolivia atraviesa un escenario de extrema gravedad, caracterizado por una parálisis casi total del país debido a protestas masivas, un severo descalabro económico y una profunda polarización en las estructuras de poder.
- El detonante y la parálisis del país (Bloqueos)
El país acumula más de un mes de huelga general indefinida y bloqueos de carreteras (superando los 90 y 100 puntos de interrupción vial en siete de los nueve departamentos). Las regiones del occidente y el centro, especialmente La Paz, El Alto y Cochabamba, se encuentran prácticamente aisladas.
- El desabastecimiento: La falta de tránsito ha provocado filas kilométricas y esperas de días para conseguir combustible, además de una escasez crítica de alimentos básicos y medicinas en los principales centros urbanos.
- El costo económico: El sector privado estima pérdidas que ya superan los 1.600 millones de dólares, catalogando este mes como uno de los más costosos y destructivos para la economía boliviana desde la crisis de 2019.
- El trasfondo económico
Aunque el detonante actual son las medidas del Ejecutivo, el trasfondo real es estructural: el agotamiento del modelo económico basado en el gas, el cual sostuvo al país durante más de una década. Con las reservas internacionales prácticamente extintas, el país arrastra recortes de subsidios, aumento sostenido del costo de vida, contracción económica y una aguda escasez de divisas.
- El frente político y la crisis de gabinete
El presidente Rodrigo Paz (quien asumió el mandato en noviembre de 2025 cortando con dos décadas de gestiones ligadas al MAS) enfrenta su momento más vulnerable:
- Fractura en el Ejecutivo: La intensidad del conflicto provocó la renuncia de ministros clave, entre ellos los de Defensa (Mauricio Salinas) y Educación (Beatriz García), evidenciando grietas internas sobre cómo contener la crisis.
- Actores de la protesta: Las movilizaciones están impulsadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos (como la Federación Tupac Katari) y facciones indígenas y cocaleras leales al expresidente Evo Morales. Lo que comenzó como demandas sectoriales económicas ha mutado en una exigencia abierta: la renuncia del presidente.
- Respuestas del Gobierno y tensión internacional
- Uso de la fuerza y Estado de Excepción: El Congreso eliminó recientemente trabas legales que limitaban al Ejecutivo para decretar estados de excepción. El gobierno evalúa militarizar los puntos de conflicto para desbloquear rutas por la fuerza, lo que eleva el riesgo de un escenario de mayor violencia, el cual ya registra víctimas mortales debido al desabastecimiento técnico de los hospitales.
- La «guerra» discursiva: El presidente Paz acusa formalmente a las organizaciones ligadas a Evo Morales y a sectores del narcotráfico y crimen transnacional de inyectar «dinero negro» para financiar logísticamente los bloqueos con el único fin de ejecutar un golpe de Estado y recuperar el poder. Esta es la tesis que fue respaldada internacionalmente por las trece democracias del grupo «Escudo de las Américas».
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