Cualquier mención a la libertad social y voz profética está vigilada por el Estado. El gobierno aprobó recientemente leyes que están afectando directamente a las ONG y los Centros Educativos del país. Varias instituciones cristianas fueron prohibidas de continuar su funcionamiento a causa de esta ley. Se estima que en lo que va del año, por lo menos, 1.400 organizaciones sin fines de lucro han sido cerradas por el gobierno.
Nuestras investigaciones demuestran que se ha incrementado la oposición del gobierno por encima de la democracia afirmando la imagen dictatorial que se veía venir desde años anteriores. Durante los últimos meses, el Estado ha usado las leyes previamente establecidas para incrementar su mano dura contra todo lo que considera «enemigo del gobierno».
Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien se ha desempeñado como vicepresidenta durante dos mandatos, sospechan de todas las personas u organizaciones vinculadas a las protestas de 2018. Han cerrado universidades, ONG y otras instituciones que en algún momento expresaron su descontento con las políticas de la pareja por delante de la presidencia.
Pastores vigilados
Muchos cristianos apoyaron las manifestaciones de 2018 contra las acciones del gobierno que eran inconsistentes con el evangelio. También consolaron a quienes perdieron familiares en las manifestaciones y ayudaron a las víctimas heridas por la policía. Como resultado, las iglesias están paralizadas y los líderes cristianos están bajo fuerte vigilancia. Ha habido casos de invasión y violencia en las casas de los pastores. Las familias de los pastores se han visto muy afectadas por denuncias falsas que buscan limitar la libertad de acción de los líderes cristianos.
Desde 2021, 22 líderes cristianos han sido arrestados. Todos estaban realizando servicios en el momento del arresto y no tenían derecho a juicio. Un líder cristiano ha sido secuestrado y está desaparecido desde la semana pasada y 12 cristianos fueron agredidos físicamente a causa de la persecución.
Restricción a las instituciones cristianas
Desde el año pasado, 22 líderes fueron detenidos arbitrariamente en Nicaragua.
Regularizar las iglesias ha sido un verdadero desafío en Nicaragua. Se requieren nuevos documentos casi mensualmente y hay rumores de una nueva ley que apunta a colocar a todas las iglesias del país bajo el escrutinio de un nuevo organismo de control. El gobierno afirma que esta medida busca evitar acciones ilegales de las iglesias contra la población, pero las burocracias en realidad solo han cooperado para cerrar y confiscar los bienes de las iglesias que han operado regularmente durante años.
El gobierno también ejerce presión sobre la relación con los países extranjeros. Los ciudadanos e instituciones nicaragüenses tienen prohibido cualquier tipo de interacción con el mundo exterior, incluida la financiación, ya que el gobierno afirma que hacerlo representa un riesgo para la seguridad nacional. Muchas iglesias y ONG que cuentan con la ayuda de organismos internacionales han cerrado por este motivo.
«Los cambios están ocurriendo rápidamente debido a las entidades gubernamentales que han sido enviadas por el presidente para hacer cumplir las leyes que sancionan y encarcelan a los presuntos opositores. Las ONG cristianas que habían operado en el país durante años han sido cerradas y las iglesias enfrentan el desafío de mantener los documentos al día, ya que cualquier desliz resulta en el cierre de la iglesia y la suspensión de los servicios», comentó un pastor local.
Otro pastor afirmó: «Se acerca una persecución fuerte, hay más temor, más silencio. La iglesia es la que debe denunciar la injustica, pero creo que va a venir más silencio».
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