En el dictamen de la mayoría, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que en tiempos de paz el Ejecutivo no posee facultades inherentes para fijar aranceles al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, norma invocada por Trump como pilar de su “guerra comercial”.
El Supremo fue más allá y advirtió que permitir ese uso de la IEEPA implicaría una delegación excesivamente amplia del poder tributario, que la Constitución reserva al Congreso, al considerar que los aranceles equivalen a impuestos que recaen sobre los ciudadanos.
DISENSO CONSERVADOR Y ALCANCE DEL FALLO
Las opiniones disidentes fueron firmadas por los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes defendieron que la IEEPA sí puede emplearse en política exterior, argumento que —a su entender— aplicaba al caso. Kavanaugh alertó, además, que la disputa por eventuales reembolsos podría convertirse en un “desbarajuste” judicial.
La sentencia no impide que el presidente imponga gravámenes bajo otras leyes. De hecho, funcionarios de la Administración anticiparon que buscarán sostener el marco arancelario mediante estatutos alternativos, como el código comercial de 1974. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si los importadores podrán recuperar miles de millones de dólares ya abonados.
REACCIÓN DE TRUMP Y EFECTOS INMEDIATOS
Horas después del fallo, Trump se mostró “profundamente decepcionado”, acusó a algunos magistrados de responder a “intereses extranjeros” y anunció un nuevo arancel general del 10%, esta vez sustentado en otras bases legales. El mandatario admitió que reembolsar lo cobrado sería “prácticamente imposible”, pese a que especialistas estiman que la recaudación arancelaria de 2025 ronda los US$ 140.000 millones.
La decisión alcanza a los aranceles “recíprocos” —que llegaron a picos del 50% para países como Brasil e India, y a una base del 10% para el Reino Unido y gran parte de Latinoamérica—, pero no a tarifas sectoriales (automóviles, acero o aluminio). También deja en pie la posibilidad de nuevos litigios por gravámenes vinculados a fentanilo e inmigración con Canadá, México y China.
Con una tasa arancelaria media vigente del 16,8%, el mensaje del Supremo fue claro: si el Congreso hubiera querido conceder un poder tan extraordinario para imponer aranceles por vía de emergencia, lo habría hecho de forma expresa. El pulso entre la Casa Blanca y el Legislativo, ahora, promete continuar en los tribunales.
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