En el pronunciamiento los firmantes sostienen que la voluntad popular, expresada libremente en las urnas y certificada por las autoridades electorales competentes, constituye el único fundamento de legitimidad del poder público en una democracia constitucional.
Los gobiernos advirtieron que desconocer los resultados oficiales representa un grave menosprecio a la decisión de los ciudadanos y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Asimismo, rechazaron cualquier acción o declaración que busque deslegitimar el mandato otorgado por el electorado, desacreditar sin pruebas a las autoridades electorales u obstaculizar el proceso de transición entre administraciones, conocido en Colombia como «empalme».
La declaración enfatiza que la transición gubernamental no debe entenderse como una concesión política, sino como una obligación constitucional e institucional destinada a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular.
Finalmente, los trece países hicieron un llamado a todas las autoridades colombianas para actuar con estricto apego a la Constitución y las leyes, respetar los resultados proclamados oficialmente por los organismos electorales y asegurar una transición pacífica, ordenada y transparente, conforme a los principios del Estado de Derecho.
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