El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional.
A partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.
Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad. Los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.
Estos son algunos de los requisitos para adquirir y tener fusiles semiautomáticos:
-Acreditar la identificación precisa del arma (tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie).
-Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.
-Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.
-Demostrar usos deportivos probados (certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo, representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material o solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.
-Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
Cambios administrativos
La resolución también establece una transformación en la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país. La Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
La medida entró en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial.
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