MEC anuncia sumario por el ingreso de una comunidad musulmana a escuela pública en Caaguazú

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, manifestó su sorpresa al ser informado sobre actividades de la Comunidad Musulmana Ahmadi en una escuela pública del interior del país y anunció que los responsables de autorizar el ingreso deberán responder administrativamente. El caso fue expuesto el domingo pasado en el programa Salvando Vidas, con imágenes de una actividad realizada en una institución educativa de Pastoreo, departamento de Caaguazú.

Al observar casi con asombro las fotografías y videos presentadas durante la entrevista, Ramírez recordó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con una reglamentación que prohíbe el ingreso de personas y materiales a las instituciones educativas sin autorización previa de la cartera estatal.

Miembros de la Comunidad Musulmana Ahmadía estuvieron días pasados en la localidad de Pastoreo, Caaguazú, «visitaron», pese a la prohibición oficial, una escuela pública en la zona.

El secretario de Estado explicó que la disposición busca evitar que terceros ingresen a las escuelas sin los controles correspondientes, incluso cuando ofrecen realizar mejoras edilicias u otras contribuciones. Según señaló, este tipo de situaciones puede llevar a que los directores permitan actividades sin contar con la autorización institucional requerida.

Ramírez indicó que la normativa establece la posibilidad de aplicar sumarios administrativos a los directores que incumplan las disposiciones. En ese sentido, sostuvo que el caso expuesto durante el programa deberá ser investigado y que tanto la dirección de la institución como las autoridades de supervisión y la Dirección Departamental de Educación deberán dar explicaciones.

“Ellos son los que van a tener que responder ahora por esto”, afirmó el ministro, al referirse a los responsables de controlar el cumplimiento de las normas en las instituciones educativas.

El titular del MEC reconoció que, pese a las medidas adoptadas, todavía se producen ingresos no autorizados en determinados establecimientos. Señaló que el desafío es fortalecer los controles y garantizar que las disposiciones ministeriales se cumplan efectivamente.

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las autoridades educativas en el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a las escuelas públicas y el desarrollo de actividades dentro de ellas. La investigación administrativa deberá determinar quién autorizó el ingreso, si existió incumplimiento de la reglamentación y qué responsabilidades corresponden.

 

Salir de la versión móvil