La fuga de dos reclusos considerados de alto riesgo de la penitenciaría Martín Mendoza, en Emboscada, puso bajo sospecha los procedimientos de seguridad y la actuación del personal penitenciario.
El Ministerio de Justicia investiga posibles complicidades internas, luego de detectar incumplimientos en los controles y de incautar teléfonos celulares que un agente habría intentado sacar del establecimiento después de conocerse la evasión.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, explicó a RCC Radio este lunes que la fuga se produjo a las 00:38, cuando los dos condenados escaparon de la celda 10, ubicada en la planta baja del módulo 7, destinado a internos de alta seguridad.
De acuerdo con las verificaciones realizadas por las autoridades, los reclusos cortaron dos barrotes de una ventana y utilizaron cuerdas confeccionadas con sábanas y frazadas para concretar la evasión.
La inspección posterior se realizó con participación de la Policía Nacional, personal de Criminalística y la agente fiscal a cargo de la investigación. También se revisaron las grabaciones del circuito cerrado para reconstruir lo ocurrido y determinar si existieron fallas deliberadas en los controles.
REQUISAS DEFICIENTES Y RONDAS PERIMETRALES INCUMPLIDAS
Maciel señaló que uno de los primeros elementos que despertó sospechas fue que, pese a realizarse dos requisas diarias en esos módulos, no se encontró en las grabaciones evidencia de que las cuerdas u otros elementos utilizados para la fuga hubieran ingresado después del control de la tarde.
El volumen de las cuerdas, elaboradas con sábanas y frazadas, hacía difícil que pasaran inadvertidas durante una inspección adecuada, considerando además las características de la celda, cuyo mobiliario es de concreto.
A esto se sumó otra irregularidad: los dos internos no habrían sido sometidos al cateo personal durante la requisa, pese a que este procedimiento debía realizarse.
El viceministro también confirmó que la noche de la fuga no se efectuó el recorrido perimetral que, conforme a los reglamentos, debe cumplirse cada hora.
“Existe la alta sospecha de que ese incumplimiento no fue por negligencia nada más, sino que aparentemente hubo alguna complicidad”, sostuvo Maciel, al referirse a los indicios detectados durante las primeras diligencias.
UN AGENTE SALIÓ CON UNA BOLSA QUE CONTENÍA CELULARES
Otro elemento que agravó las sospechas fue la conducta de un funcionario penitenciario que, después de que se comunicara la fuga, salió del establecimiento durante la mañana con una bolsa.
El Ministerio Público realizó un allanamiento e incautó el contenido, en el que fueron encontrados teléfonos celulares.
Las autoridades esperan que la extracción y el análisis de los datos de esos dispositivos permitan reconstruir posibles comunicaciones, establecer si existieron contactos entre los involucrados y determinar cómo pudo haberse organizado la evasión.
Maciel explicó que seis funcionarios participaron en la requisa de los módulos 7 y 8, mientras que otros dos aparecen vinculados a sectores relacionados con la salida del establecimiento, incluido el agente que retiró la bolsa.
El viceministro advirtió que la nómina de funcionarios bajo sospecha podría ampliarse a medida que avance la investigación. Durante la entrevista, los periodistas señalaron que cuatro agentes ya habían sido detenidos.
QUIÉNES SON LOS FUGADOS Y QUÉ CONDENAS CUMPLEN
Los evadidos fueron identificados como Ever Alejandro Osuna López, alias “Tanchi”, y Robert Arsenio Merlo Villalba. Ambos estaban alojados en un sector de alta seguridad debido a sus antecedentes y a la gravedad de sus condenas.
Según los datos proporcionados por Maciel, Osuna cumple una condena principal de 25 años por homicidio doloso y registra otras causas, entre ellas una condena relacionada con asociación criminal y otra vinculada a un caso de secuestro.
Merlo Villalba tiene dos condenas por homicidio en grado de tentativa, con una pena mayor de 14 años que, según la estimación mencionada por el viceministro, se extendería hasta 2035.
La Policía Nacional está a cargo de la búsqueda de ambos prófugos. Maciel indicó que el Ministerio de Justicia compartió con los investigadores la información recabada tras la fuga y manifestó su expectativa de que los elementos obtenidos permitan concretar la recaptura.
MARTÍN MENDOZA NO TIENE UN ÚNICO RÉGIMEN DE MÁXIMA SEGURIDAD
Durante la entrevista, Maciel aclaró que la penitenciaría Martín Mendoza es un establecimiento cerrado que cuenta con diferentes módulos y regímenes de seguridad, pese a que en la opinión pública suele ser identificada íntegramente como una cárcel de máxima seguridad.
El módulo de máxima seguridad dispone de celdas individuales, sin convivencia entre internos, y contempla un régimen más restrictivo de circulación y visitas. En cambio, el módulo de alta seguridad, donde estaban alojados los fugados, cuenta con celdas compartidas y permite cierto grado de socialización, aunque mantiene limitaciones en las visitas y en el acceso a programas de reinserción.
La aclaración no reduce la gravedad de lo ocurrido: ambos internos estaban sometidos a controles especiales y la fuga expuso presuntos incumplimientos de los procedimientos establecidos para ese nivel de vigilancia.
Maciel agregó que no existía una alerta específica que identificara a Osuna o Merlo Villalba como autores de un plan de fuga inminente. Sin embargo, sostuvo que las autoridades mantienen una alerta permanente sobre posibles intentos de evasión en los módulos de mayor seguridad.
INTERVENCIÓN POR 30 DÍAS Y REVISIÓN DE LOS CONTROLES
La intervención de la penitenciaría implica el apartamiento temporal del director para que el interventor pueda examinar las actuaciones del personal, reconstruir las circunstancias de la fuga y presentar un informe.
Según el viceministro, este tipo de procedimientos suele establecerse por 30 días, aunque durante los primeros 15 podría obtenerse un panorama más claro de lo ocurrido.
La investigación no se limitará a los funcionarios que estuvieron de guardia. También se analizará la actuación de quienes debían cumplir funciones y se ausentaron, así como el cumplimiento de los protocolos de vigilancia y control.
Como medida inmediata, las autoridades dispusieron reorganizar los grupos de guardia para mantener la dotación necesaria mientras avanzan los procedimientos administrativos y penales.
La fuga deja una pregunta central para el sistema penitenciario: ¿cómo pudieron dos condenados de alto riesgo cortar barrotes, disponer de cuerdas de considerable volumen y escapar de un establecimiento sometido a controles reforzados?
La respuesta dependerá de la investigación fiscal y del informe de intervención. Pero los indicios expuestos por el propio Ministerio de Justicia obligan a esclarecer si se trató de una cadena de negligencias o si hubo participación deliberada de funcionarios encargados de impedir precisamente este tipo de evasiones.
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