Los representantes del sector sostienen que el problema central no está en la falta de ingresos, sino en el crecimiento y la ineficiencia del gasto público, por lo que consideran inadmisible que nuevamente se pretenda trasladar el costo de las deficiencias del Estado a quienes trabajan, invierten y generan riqueza.
“Una vez más se pretende trasladar el costo de la ineficiencia estatal a quienes trabajan y producen”, cuestionaron, al tiempo de remarcar que las reformas estructurales son una necesidad impostergable.
El sector recordó que, desde la reforma de 2003, los sucesivos gobiernos asumieron compromisos para mejorar la eficiencia y racionalizar la administración estatal. Sin embargo, consideran que esas promesas no se han traducido en cambios suficientes y que las decisiones estructurales continúan postergándose.
En ese sentido, señalaron que el presupuesto público ha sido utilizado durante años para sostener gastos innecesarios y decisiones administrativas irresponsables, muchas veces adoptadas por conveniencia política y con consecuencias negativas para las finanzas del país.
La situación, advirtieron, vuelve a poner al Paraguay en una zona de riesgo, como ya ocurrió recientemente con el frustrado intento de reforma de la Caja Fiscal.
Ante este escenario, el sector productivo ratificó su rechazo terminante a cualquier proyecto legislativo que implique aumentar los impuestos y reclamó un debate serio, responsable y sin más dilaciones sobre una reforma estructural del gasto público.
La postura es clara: antes de exigir nuevos sacrificios al sector privado, el Estado debe demostrar que está dispuesto a ordenar, racionalizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.
Dejá tu comentario