El mandatario informó que pidió la renuncia del presidente del Banco Central, en medio de la fuerte repercusión generada por la crisis de la entidad financiera. Sin embargo, no brindó explicaciones sobre las razones concretas de su decisión ni detalló qué responsabilidades atribuye a las autoridades del organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
Peña también anunció que acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía de Depósitos para iniciar el pago inmediato a los ahorristas.
Según afirmó, la iniciativa también buscará garantizar la devolución de los fondos públicos, incluidos los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás cajas jubilatorias públicas.
El presidente instó a los legisladores de todos los sectores a aprobar el proyecto con la mayor celeridad y pidió al BCP que informe a la ciudadanía sobre los plazos y mecanismos para la devolución de los fondos garantizados.
En su mensaje, Peña buscó transmitir tranquilidad al sostener que se trata de un caso particular y no de una crisis del sistema financiero nacional. También aseguró que quienes resulten responsables deberán responder ante la Justicia, «sin excepciones y sin privilegios».
No obstante, el pronunciamiento presidencial deja interrogantes que todavía requieren respuestas: ¿qué controles fallaron para que Ueno Bank llegara a esta situación?, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades que supervisaron a la entidad y qué garantías concretas existen para recuperar los fondos públicos comprometidos?
La prioridad inmediata es proteger a los ahorristas y esclarecer cómo se llegó a esta crisis. Los anuncios políticos deberán traducirse en medidas concretas, plazos claros y garantías efectivas, especialmente para quienes tienen sus ahorros y recursos previsionales comprometidos.
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