Durante el encuentro con periodistas, la secretaria de Estado aseguró que el Ejecutivo ya cuenta con un plan “concreto y bien encaminado”, elaborado en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y los gremios. La funcionaria insistió en que el sector “no está solo”, aunque reconoció que el endeudamiento responde al ritmo de ejecución de obras, en un contexto donde las obligaciones acumuladas siguen generando tensión.
El eje central de la propuesta es el uso del factoring —cesión de certificados de obra— como mecanismo para destrabar pagos. Bajo este esquema, las empresas podrán cobrar a través de entidades financieras, mientras el Estado asume los intereses. La ministra defendió la herramienta señalando que permite cumplir compromisos “sin impactar el Presupuesto General de la Nación 2026”, una afirmación que, en la práctica, implica diferir el costo real y trasladarlo a otras vías de financiamiento.
El borrador del instrumento ya fue presentado al sector privado y será ajustado antes de su implementación. No obstante, el punto más sensible radica en que el Estado absorberá los intereses del financiamiento, lo que, si bien alivia a las empresas en el corto plazo, incrementa la carga fiscal futura en un escenario de restricciones presupuestarias.
En cuanto a la evolución de la deuda, Centurión informó que entre enero y marzo se pagaron cerca de USD 100 millones, reduciendo el pasivo de USD 220 millones a USD 187,9 millones. Aun así, el volumen pendiente continúa siendo significativo y sigue generando costos adicionales.
Otro frente crítico son los intereses acumulados de administraciones anteriores, estimados en unos USD 80 millones. Para cubrirlos, el Ejecutivo prevé impulsar una ley que habilite al Ministerio de Economía a emitir bonos, es decir, más endeudamiento. La ministra reconoció que existen interpretaciones legales en torno a esta medida, pero reiteró la intención de “honrar” esos compromisos.
Respecto al presupuesto, el MOPC contará en 2026 con unos USD 970 millones, de los cuales USD 570 millones serán destinados a obras. El plan financiero proyecta pagos mensuales de entre USD 40 y 45 millones, una cifra que, aunque presentada como garantía de continuidad, plantea dudas sobre su sostenibilidad frente al volumen total de obligaciones.
Pese a las señales de presión fiscal, el Gobierno mantiene su discurso de apostar por la inversión pública como motor de crecimiento, en articulación con el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, en la práctica, el esquema planteado deja en evidencia que el problema de fondo —la acumulación de deuda y su financiamiento— sigue sin resolverse de manera estructural.
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