La deuda no es uniforme, y su solución tampoco lo será. Sarubbi explicó este jueves a RCC Radio que el primer “frente de batalla” son las obras financiadas con fondos externos (préstamos de organismos internacionales). En este caso, la postura del gremio es de exigencia absoluta: el dinero ya está en las cuentas bancarias dispuestas para el efecto. No existe razón técnica ni financiera para que los certificados de obras ya aprobados no se liquiden de forma inmediata.
Por otro lado, la deuda de fondos locales (recursos del Tesoro) se canalizará a través del Factoring. Esta herramienta financiera, aprobada en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, permitirá a las vialeras ceder sus facturas a bancos locales. Así, las constructoras reciben el efectivo «hoy», y el Estado asume el compromiso de devolver ese capital a las entidades bancarias en plazos diferidos. Actualmente, los equipos jurídicos y financieros de CAVIALPA auditan la reglamentación propuesta por el Ejecutivo para asegurar que las tasas y condiciones sean sostenibles.
LA «GUERRA DE CIFRAS» POR LOS INTERESES
Un punto crítico de la negociación es el reconocimiento de los intereses acumulados desde 2024. Existe una brecha de USD 20 millones entre lo que el Ministerio de Economía tiene registrado (USD 80M) y lo que las empresas han documentado (USD 100M).
Para dirimir esta diferencia, se ha activado una mesa de auditoría de alto nivel compuesta por: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Procuraduría General de la República.
«Se tildará factura por factura. No se pagará nada que no esté estrictamente documentado», aseguró Sarubbi, subrayando que el pago de estos intereses es un derecho adquirido de las empresas que han sostenido las obras con recursos propios.
EL EFECTO CASCADA: DE LAS GRANDES OBRAS A LA USURA
La falta de pago no solo afecta a las grandes carreteras como la Ruta 12 o la Ruta 17. El impacto más severo se siente en las obras de «Plan Central», asfaltados municipales y caminos vecinales. Estos proyectos, usualmente ejecutados por PyMEs, carecen de la «espalda financiera» para soportar retrasos prolongados.
Sarubbi denunció una realidad alarmante: ante la falta de cobro y la presión de los proveedores de insumos, muchas empresas pequeñas han terminado recurriendo a la usura para no detener las máquinas. «Una vez que entras en ese círculo vicioso, es muy difícil salir», lamentó, enfatizando que el plan de pago actual es vital para rescatar a estas unidades productivas.
A pesar del optimismo cauteloso, CAVIALPA advierte que este pago es solo un «oxígeno» temporal. Si el ritmo de ejecución de obras se mantiene según lo planeado, el presupuesto de 2026 podría enfrentar un nuevo déficit de entre USD 250 y 300 millones hacia fin de año. El gremio ya solicita trabajar en reprogramaciones presupuestarias inmediatas para evitar que, en seis meses, el sector se encuentre nuevamente sentado en la mesa de negociaciones por deudas acumuladas.
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