La Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria este miércoles, con modificaciones consideradas «obligadas» para garantizar su viabilidad técnica, el proyecto de ley de emergencia orientado a acelerar la devolución de fondos a las víctimas del caso Ueno Bank. Tras los cambios introducidos, la iniciativa retorna a la Cámara de Senadores para su estudio y posterior remisión al Poder Ejecutivo.
La normativa busca acortar sustancialmente los plazos de desembolso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La ley vigente contempla hasta 15 días para iniciar los pagos, mientras que el nuevo texto establece que el procedimiento para procesos de resolución en curso deberá iniciarse dentro de las 24 horas y no podrá exceder un plazo de 5 días hábiles desde la entrada en vigor de la ley.
PROTECCIÓN DE SALDOS Y COMPENSACIÓN DE DEUDAS
Entre los ajustes técnicos realizados en la Cámara Baja, destaca la modificación del artículo 1 bis (inciso b). Se mantuvo la disposición que indica que para determinar el saldo neto a devolver solo se compensarán las obligaciones vencidas del depositante con la entidad. Esto evita que al cliente se le descuente de forma imprevista o arbitraria la totalidad de deudas o créditos vigentes que mantenía con el banco.
Por el contrario, se eliminó el punto que pretendía aplicar automáticamente el descuento del pago mínimo mensual a los titulares de tarjetas de crédito.
ACREDITACIONES ELECTRÓNICAS Y SALVAGUARDAS LEGALES
Dado que la aplicación móvil de Ueno Bank y su conexión al SIPAP se encuentran inoperativas, los diputados modificaron el artículo 2º. Se estableció que el anticipo de la garantía será acreditado por el FGD mediante transferencias electrónicas a cuentas que los clientes posean en otras entidades, o bien mediante pago en efectivo si no disponen de otra cuenta habilitada.
Asimismo, la ley incorpora una cláusula de restitución para evitar cobros indebidos: si una persona vinculada a la entidad e inhabilitada de recibir la garantía llegara a percibir el dinero, deberá devolverlo en un plazo de 24 horas tras ser notificada por la Superintendencia de Bancos, bajo apercibimiento de acciones penales.
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