De acuerdo con datos oficiales y extraoficiales, el total adeudado, USD 120 millones corresponden a obras financiadas con fondos externos, mientras que los USD 80 millones restantes están vinculados a proyectos con recursos locales.
El panorama financiero también genera preocupación de cara al cierre del año. Para el último trimestre de 2026, la proyección de ejecución de las obras financiadas con fondos locales asciende a USD 70 millones.
Sin embargo, la capacidad de pago prevista dentro del presupuesto vigente es de apenas USD 53 millones, monto que depende además de una reprogramación presupuestaria pendiente. Esta diferencia anticipa un nuevo incremento de las obligaciones con las contratistas si no se habilitan recursos adicionales.
UNA BRECHA PRESUPUESTARIA QUE COMPROMETE LAS OBRAS DE 2027
El MOPC solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una ampliación presupuestaria de USD 100 millones para financiar proyectos con fondos locales durante este año. Al mismo tiempo, necesita USD 350 millones para sostener en 2027 las obras que cuentan con financiamiento externo.
Si la ampliación solicitada no se concreta, las necesidades para mantener esos proyectos externos en marcha el próximo año subirán a USD 450 millones.
A este escenario se suma un presupuesto de USD 260 millones previsto para 2027 destinado a obras financiadas con recursos locales. De esta manera, el MOPC necesitaría USD 610 millones para mantener los proyectos en ejecución el próximo año si obtiene la ampliación presupuestaria de 2026. En caso contrario, el requerimiento ascendería a USD 710 millones.
Estas cifras no incluyen nuevas obras que podrían licitarse en 2027 ni el inicio de proyectos que ya fueron adjudicados. Si se incorporan esas obligaciones, las necesidades presupuestarias superarían los USD 1.000 millones.
La situación plantea un desafío para la planificación y continuidad de la infraestructura pública, ya que la disponibilidad presupuestaria deberá acompañar tanto los compromisos pendientes como el ritmo de ejecución de los proyectos.
ATRASOS QUE ENCARECEN LAS OBRAS Y AFECTAN A LA CIUDADANÍA
El retraso en los pagos tiene consecuencias que van más allá de las cuentas del Estado. Una de las primeras es la ralentización de los trabajos, lo que posterga la entrega de rutas, puentes y otras infraestructuras de las que depende la población.
También puede generar mayores costos financieros para el sector público, debido a intereses punitorios por los atrasos y a los gastos asociados a la emisión de bonos o la contratación de nuevos préstamos para cumplir con las obligaciones. En consecuencia, parte de los recursos públicos termina destinándose a cubrir sobrecostos financieros, en lugar de financiar nuevas inversiones.
Las empresas contratistas, por su parte, deben sostener salarios, proveedores, equipos y otros gastos operativos mientras esperan los desembolsos. La prolongación de los atrasos puede debilitar su capacidad financiera y comprometer la continuidad de los trabajos, con riesgos para toda la cadena de proveedores.
El problema adquiere especial relevancia en el último tramo del año, cuando las empresas deben cumplir con sus compromisos laborales y el pago de salarios y aguinaldos.
La incertidumbre sobre los cobros puede generar tensiones entre las contratistas y sus trabajadores, además de afectar a proveedores y otros sectores vinculados con la actividad.
El desafío para el MOPC y el MEF será compatibilizar las obras comprometidas con los recursos efectivamente disponibles, evitando que la falta de previsión financiera termine trasladando sus costos a las empresas, los trabajadores y, finalmente, a la ciudadanía.
Dejá tu comentario