La noticia viene de Ciudad del Este, pero se repite en varias ciudades de nuestro país, incluida la capital: las motocicletas incautadas en procedimientos de las respectivas policías municipales que se acumulan en los corralones.
Actualmente, el depósito de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este tiene más de 100 motocicletas incautadas por distintas infracciones administrativas. Muchas siguen sin ser reclamados y ante esta situación, 54 están en proceso de ser declaradas en estado de abandono para su posterior subasta. Según el informe de la PMT, los biciclos ya cumplen los requisitos legales para avanzar con el procedimiento.
Los propietarios deben presentarse en las oficinas de la institución para conocer los requisitos y realizar los trámites necesarios para la regularización de sus motocicletas. El plazo establecido es hasta finales de octubre. A partir de noviembre, los casos que no hayan sido regularizados serán remitidos al Juzgado de Faltas Municipales, que determinará si las motocicletas pueden ir a una subasta pública o si corresponde su desguace, especialmente cuando el deterioro impida su recuperación.
Sumas y restas
Pero… ¿por qué los afectados no pasan a retirar sus motocicletas?
Indudablemente, uno de los factores es el costo de recuperarlas. Las multas por infracciones graves pueden llegar a 20 jornales mínimos, equivalentes a unos G. 2.341.540; a ese monto deben agregarse los gastos de traslado en grúa y las tasas por el tiempo que la motocicleta permanece en el corralón. A eso debe sumarse el costo del reacondicionamiento: muchas de las motocicletas están deterioradas por la exposición al polvo, el óxido y la vegetación.
Con todos estos ingredientes, los gastos que se deben realizar supera el valor comercial del vehículo, por lo que los propietarios optan directamente por no retirarlo.
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