Reguera fue tajante al expresar que, ante la gravedad de lo ocurrido en las gradas, la discusión deportiva debe pasar a un segundo plano. «Desde el club Cerro Porteño repudiamos con contundencia todo acto de violencia. Estamos convencidos de que este no es momento de hablar de tres puntos y una pelea deportiva. Tenemos que enfocarnos en la salud de las personas y la seguridad», manifestó el mandatario, en clara alusión a las declaraciones de su par franjeado sobre la intención de reclamar la victoria en los escritorios.
Cuestionamientos a la organización local
El directivo cerrista recordó que, según los reglamentos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), la responsabilidad de la seguridad recae sobre el club que ejerce la localía, en este caso, Olimpia. Reguera exigió una investigación profunda para determinar por qué los protocolos no funcionaron y qué órdenes recibió el personal de seguridad durante el estallido de violencia en el que se vieron afectados mujeres y niños.
«Queremos llegar al fondo de la cuestión y saber qué pasó con la organización. Vimos actos con los que no estamos de acuerdo, pero también una seguridad que no cumplió como tenía que haber cumplido», fundamentó el dirigente, añadiendo que, aunque en otros escenarios se han producido tumultos, nunca se había llegado a un desenlace de tal magnitud bajo una gestión eficiente de la crisis.
Prioridad humana antes que deportiva
A pesar de asegurar que el club defenderá sus intereses deportivos en el momento oportuno, Reguera insistió en que la prioridad inmediata es erradicar de forma permanente estos hechos del fútbol nacional. Prometió una revisión exhaustiva de los videos y materiales del operativo para entender cómo escaló el conflicto entre los hinchas y las fuerzas del orden.
«Que hoy acordemos entre todos que no es el momento de dar los tres puntos no quiere decir que no vamos a pelear a muerte por ello y por la justicia también, pero hoy hay algo más importante, que es la seguridad de las personas», concluyó el presidente de la institución de Barrio Obrero, dejando abierta la batalla legal que ahora se traslada a los tribunales de la APF.
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