Pobladores de la zona norte del departamento de Presidente Hayes, quienes se movilizan desde hace semanas, exigen el libre tránsito y la reducción de tarifas por el uso de la Ruta D088, conocida como “Ruta Ñ”. En entrevista radial, la Ing. Aida González expresó que el cobro actual de G. 120.000 para vehículos livianos es excesivo, comparándolo con rutas nacionales donde el peaje ronda apenas G. 15.000.
“En ningún tramo del país se paga eso. ¿Cómo puede ser que en una ruta departamental se cobre más que en la Ruta 2?”, cuestionó González.
Actualmente, la ruta está bajo control de una asociación privada denominada “Asociación Ruta Ñ”, que se ampara en el argumento de que la vía atraviesa propiedades privadas aún no expropiadas por el Estado. Sin embargo, los manifestantes insisten en que la ruta fue reconocida oficialmente como departamental mediante una ley y un decreto del Poder Ejecutivo, y por tanto debe estar bajo jurisdicción pública.
González explicó que solicitaron la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero este no ha tomado control del tramo debido a la falta de expropiación formal de los terrenos. Esto mantiene la situación en un limbo legal, donde los propietarios se niegan a ceder el paso sin cobrar peaje, pese a tratarse de un corredor vital para la conectividad regional.
Durante una reciente protesta en la Ruta 160, acudieron autoridades departamentales, el gobernador, varios intendentes y concejales, así como el presidente de la asociación que administra la ruta. No se llegó a ningún acuerdo. Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley de expropiación impulsado por el diputado Rubén Rodríguez y el senador Basilio Núñez.
Como alternativa legal, se analiza recurrir a la figura de servidumbre de paso, prevista en el Código Civil, para permitir que los pobladores accedan gratuitamente a través del camino, ya que constituye su único acceso a la vía pública. “El derecho al tránsito está protegido por la Constitución. Nadie puede quedar aislado porque otro cobra arbitrariamente”, apuntó la entrevistada.
El conflicto continúa abierto mientras los pobladores esperan una solución definitiva que garantice el tránsito libre y seguro por la Ruta Ñ.
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