La parlamentaria explicó que la invasión notoria, masiva y no mitigada de las tierras indígenas, requiere leyes que viabilicen y colaboren en el aseguramiento de los derechos.
“No reconocer los derechos comunitarios sobre la tierra es una afrenta directa a los derechos humanos”, indicó.
Igualmente, la legisladora recordó que esta situación no solo perjudica a la población local, forzándola al traslado obligado a otras partes del país, hecho prohibido por instrumentos internacionales, sino que también coloca en un estado de alta vulnerabilidad a las comunidades desplazadas, que son privadas de un sinnúmero de derechos.
El proyecto de ley propone, básicamente, que las tierras cuyos titulares sean las comunidades indígenas, no puedan ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Tampoco podrían ser embargadas, divididas, transferidas o prescriptas; y estarán exentas de tributo.
En otro punto, el documento explica los parámetros para que un territorio sea considerado indígena; los pasos para el registro de propiedad; posibles controversias y responsabilidades; entre otros aspectos.
Esta iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y ya cuenta con un dictamen favorable en la comisión asesora de Pueblos Indígenas.
En tanto, aguarda estudio en las comisiones de Asuntos Constitucionales y en la de Legislación y Codificación.
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