Sin embargo, pese a las evidencias mencionadas por el ministro Luis Ramírez en el programa Salvando Vidas, el domingo último, la cartera educativa no puede disponer directamente sus despidos: debe esperar el resultado de los procesos administrativos, mientras los investigados continúan vinculados a la institución y perciben sus salarios.
Ramírez reconoció la gravedad de la situación y admitió que el MEC concentra una cantidad de funcionarios sumariados que calificó como motivo de tristeza, debido a la magnitud de las presuntas irregularidades detectadas dentro de la institución.
Según explicó, los casos no se limitan a supuestas cajas paralelas o hechos de corrupción, sino que abarcan también indicios de fraude relacionados con la inscripción de títulos. La cantidad de investigados se aproxima a los 300, una cifra que, de acuerdo con el ministro, refleja un problema estructural que no se resolvería simplemente trasladando funcionarios de un sector a otro.
FUNCIONARIOS INVESTIGADOS SIGUEN COBRANDO
Uno de los aspectos más cuestionables señalados durante la entrevista es la imposibilidad de separar directamente del cargo a los funcionarios investigados, incluso cuando existen elementos que ponen en duda la autenticidad de sus títulos.
Consultado sobre por qué estas personas no pueden ser despedidas, Ramírez respondió que el sistema de la función pública exige la sustanciación de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
El problema es que, mientras esos procedimientos se desarrollan, los funcionarios continúan dentro de la estructura institucional y perciben sus remuneraciones. El propio ministro confirmó que siguen cumpliendo funciones en algún sector del MEC y que continúan cobrando sus salarios.
La situación adquiere especial gravedad cuando, según el relato de Ramírez, existen casos en los que las propias universidades niegan la autenticidad de los registros presentados o aseguran que las personas involucradas nunca cursaron estudios en esas instituciones.
“Tenemos evidencia de que el título no corresponde”, afirmó el ministro al describir estos casos, aunque aclaró que la administración debe someterlos al procedimiento correspondiente antes de adoptar una decisión definitiva.
Así, mientras se sustancian los sumarios, la institución debe mantener a los investigados dentro del sistema, sin que la existencia de indicios o evidencias preliminares permita, por sí sola, concretar su desvinculación inmediata.
RAMÍREZ ADMITE QUE EXISTE UN MECANISMO QUE DEBE SER DESARTICULADO
El titular del MEC sostuvo que las irregularidades no deben analizarse únicamente como hechos aislados ni resolverse mediante cambios de funcionarios entre dependencias. A su criterio, existe un mecanismo que debe ser desarticulado para evitar que las prácticas denunciadas se reproduzcan.
“Tenemos que destruir el mecanismo, no es solo cambiar acá o llevar allá”, manifestó, al explicar por qué considera insuficiente limitarse a reemplazar a determinadas personas dentro de la institución.
Durante la conversación, también se planteó una cuestión de fondo: qué incentivos tiene un funcionario para desistir de estas prácticas si, aun cuando es investigado por presuntamente haber falsificado un título o conseguidos beneficios a partir de él, puede permanecer en la institución y seguir cobrando mientras se prolonga el procedimiento.
Ramírez coincidió en que existe un problema en las reglas que rigen la función pública. “Los incentivos están mal puestos en la función”, expresó, al referirse a la situación de quienes presuntamente habrían obtenido ventajas mediante documentos irregulares.
El ministro advirtió que la prolongación de los sumarios puede generar una situación en la que los investigados continúen dentro del sistema a la espera de una resolución, mientras el problema permanece sin una respuesta definitiva.
UN DESAFÍO PARA EL CONTROL Y LA TRANSPARENCIA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El reconocimiento de casi 300 funcionarios sumariados por presuntas irregularidades en títulos académicos plantea un desafío para los mecanismos de control del MEC y para la credibilidad de la administración pública.
La cuestión no se limita a determinar si los documentos presentados son auténticos. También exige establecer las responsabilidades individuales, concluir los procedimientos dentro de plazos razonables y aplicar las sanciones que correspondan cuando las faltas sean comprobadas.
El debido proceso es una garantía indispensable, pero la duración de los sumarios y la continuidad del pago de salarios a funcionarios investigados exponen una debilidad del sistema que merece ser revisada. La necesidad de respetar las garantías legales no debería convertirse en un obstáculo para que las investigaciones avancen con eficacia y las responsabilidades se determinen oportunamente.
El propio Ramírez reconoció que el problema requiere una respuesta estructural. El desafío para el MEC será demostrar que los sumarios no se conviertan en procedimientos interminables y que las denuncias sobre títulos falsos y otras presuntas irregularidades tengan una resolución efectiva.
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