Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil reclamaron al presidente de la República, Pedro Alliana, decisiones urgentes para recuperar la confianza económica, fortalecer las instituciones y evitar que las consecuencias de la crisis de Ueno Bank terminen trasladándose nuevamente a los contribuyentes.
En una carta dirigida al mandatario, los sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios colocaron como una de sus principales exigencias la reformulación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, al considerar que el proyecto remitido al Congreso no contempla adecuadamente el impacto económico y fiscal de la crisis financiera.
Los firmantes sostienen que el presupuesto contiene proyecciones de ingresos y gastos que deben revisarse, además de compromisos que consideran insostenibles y reducciones del déficit que, a su criterio, no cuentan con suficiente respaldo. También cuestionan la postergación de problemas estructurales, como el creciente déficit de la Caja Fiscal.
El documento advierte sobre las consecuencias que atribuye al caso Ueno: los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, un perjuicio estimado para las arcas públicas de entre el 1,5% y el 2% del PIB, la reducción del movimiento comercial y el riesgo de cierre o achicamiento de numerosas pequeñas y medianas empresas. Asimismo, menciona la pérdida de más de 5.000 empleos y advierte que la cifra podría aumentar.
Ante este escenario, los gremios solicitan que el PGN 2027 se ajuste a ingresos realistas, gastos financiables y al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, con una trayectoria de convergencia hacia un déficit del 1,5% del PIB.
AUSTERIDAD Y REVISIÓN DE PRIVILEGIOS
La propuesta empresarial plantea reducir el gasto corriente improductivo y revisar rubros como pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal. También reclama eliminar aumentos salariales que considera injustificados y privilegios corporativos, para reasignar recursos a áreas prioritarias como salud, seguridad ciudadana y educación pública.
Entre las medidas específicas, plantea limitar las contrataciones fuera del régimen de la función pública a las necesidades esenciales, cubrir las aproximadamente 10.000 vacancias anuales únicamente en sectores prioritarios y avanzar de inmediato con la reforma de la Caja Fiscal.
Además, propone revisar el régimen médico de doce horas semanales, fortalecer la supervisión del sistema previsional y establecer por ley un registro actualizado diariamente de los depósitos de las instituciones públicas, con identificación de las entidades bancarias, montos, modalidades y plazos.
RESARCIMIENTO A AHORRISTAS Y RESPONSABILIDADES
Uno de los puntos más sensibles de la carta es el reclamo de establecer mecanismos legales para que los bienes recuperados de los responsables de la crisis, una vez liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), puedan destinarse a resarcir a los ahorristas que no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Los gremios también exigen investigar las omisiones y fallas de los organismos que debían controlar el sistema financiero, determinar responsabilidades y aplicar sanciones sin distinciones por cargos, vínculos políticos o poder económico.
El planteamiento apunta a que la recuperación de la confianza no se limite a medidas financieras, sino que incluya una revisión de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que debieron prevenir o detectar oportunamente las irregularidades.
EL SECTOR PRIVADO TAMBIÉN ASUME COMPROMISOS
La carta no se limita a formular exigencias al Gobierno. Los representantes empresariales ponen a disposición sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación del presupuesto y en las medidas necesarias para restablecer la confianza.
También se comprometen a impulsar inversiones productivas, fortalecer los estándares de transparencia y cumplimiento dentro de las empresas y ejercer una función de veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos públicos y las compras estatales.
El mensaje central dirigido a Alliana es que la estabilidad económica y la recuperación de la credibilidad del país requieren decisiones concretas, controles independientes, disciplina fiscal y sanciones para quienes resulten responsables. Los gremios advierten que Paraguay debe actuar sin dilaciones para proteger su grado de inversión, preservar el empleo y evitar que la crisis institucional termine profundizando el deterioro económico.
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