Sosa, quien pertenece al Partido Liberal, sostuvo para RCC Radio que durante los últimos años acompañó los proyectos que consideró beneficiosos para el desarrollo del distrito, pero aseguró que también exigió transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Según explicó, el conflicto se originó por la falta de pago de sus dietas como concejal. Indicó que el monto mensual asciende a G. 4 millones y aseguró que acumula dos meses de atraso, situación que —afirmó— afecta también a otros integrantes de la Junta Municipal.
El edil cuestionó además las afirmaciones del intendente, quien había señalado que los pagos ya fueron realizados y que el concejal se negaba a firmar las planillas correspondientes.
«Eso no es cierto», manifestó Sosa, al sostener que las transferencias exhibidas por el jefe comunal no corresponden a la totalidad de la deuda reclamada. Según dijo, recibió algunos depósitos parciales, pero insistió en que aún existen haberes pendientes.
Durante la entrevista también negó que se haya negado a firmar planillas de pago sin motivo y explicó que únicamente se abstuvo de hacerlo cuando el desembolso no coincidía con el monto que le correspondía percibir.
NIEGA MOTIVACIONES POLÍTICAS
Ante las consultas sobre si la protesta guarda relación con el escenario electoral y las diferencias partidarias entre ambos, Sosa rechazó esa interpretación. Aseguró que el reclamo comenzó por una cuestión administrativa y salarial, y sostuvo que cualquier trabajador o autoridad tiene derecho a exigir el pago de lo que le corresponde.
No obstante, afirmó que mantiene una postura abierta al diálogo y aseguró que está dispuesto a reunirse con el intendente para buscar una solución al conflicto. «Conversando se entiende la gente», expresó, al señalar que espera que ambas partes puedan llegar a un acuerdo.
Las declaraciones del concejal se producen luego de que el intendente Silverio Adorno defendiera públicamente su administración y asegurara que los pagos fueron realizados, exhibiendo comprobantes de transferencias. Con ambas versiones sobre la mesa, persiste la controversia respecto al estado real de las obligaciones económicas entre la Municipalidad y algunos miembros de la Junta Municipal.
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