El pronunciamiento, emitido el sábado en Foz de Yguazú (por fuera de la Cumbre del Mercosur) apunta de manera directa al régimen venezolano, suspendido del Mercosur (hace varios años) al que los países firmantes responsabilizan por una crisis migratoria, humanitaria y social sin precedentes, consecuencia directa del colapso institucional y de la deriva autoritaria que atraviesa el país.
Lejos de un lenguaje diplomático ambiguo, el comunicado recoge las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y denuncia la persistencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la negación sistemática del debido proceso legal.
En ese marco, los gobiernos exhortan a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato a todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad y a garantizar su integridad física, una exigencia que desnuda la gravedad del deterioro democrático en ese país.
El documento también reafirma que la democracia, las libertades fundamentales y el respeto irrestricto a los derechos humanos no son opcionales ni negociables, sino pilares esenciales del proceso de integración regional, del desarrollo y de la prosperidad de los pueblos.
Finalmente, los países firmantes ratifican su decisión firme de trabajar por el pleno restablecimiento del orden democrático en Venezuela, dejando en claro que cualquier normalización regional solo será posible cuando el régimen abandone la represión y se someta a los estándares internacionales. El mensaje es contundente: la región ya no está dispuesta a mirar hacia otro lado.
LO CURIOSO, LULA DEFIENDE AL SISTEMA CHAVISTA
Lo curioso de este caso es que el presidente del Brasil, Lula Da Silva, no participó ni estampó su firma en el pronunciamiento; todo lo contrario, durante la cumbre del Mercosur se pasó “defendiendo” al sistema autoritario chavista, advirtiendo a Estados unidos que cualquier intervención armada en el citado país caribeño sería «una catástrofe humanitaria para el hemisferio entero».