En entrevista radial, Mignarro explicó que la Caja Parlamentaria funciona con recursos propios y que, en caso de ser disuelta por ley, sus 280 beneficiarios —entre jubilados y pensionados— pasarían a depender de la Caja Fiscal, lo que significaría un impacto negativo directo para las finanzas públicas. “Hoy no le costamos nada al Estado. Si se elimina la Caja del Congreso, esos jubilados irán a la Caja Fiscal y eso sí será una carga para el contribuyente”, sostuvo.
Detalló que actualmente la Caja cuenta con alrededor de 160 jubilados y el resto pensionados, principalmente viudas y viudos. Además, recordó que los beneficiarios tienen derechos adquiridos, por lo que cualquier intento de supresión derivaría en acciones judiciales, con alta probabilidad de fallos favorables a los jubilados.
Mignarro subrayó que la Caja es autónoma y se sostiene mediante los aportes del 12% de legisladores en actividad, así como a través de un sistema de préstamos a parlamentarios, funcionarios, jubilados y pensionados, mecanismo que permite mantener el equilibrio financiero pese a no contar con la relación ideal de aportantes por beneficiario.
“Somos una caja autónoma y no una carga para el Estado. Mientras tanto, el verdadero problema estructural es la Caja Fiscal, que requiere una reforma urgente para evitar un colapso social”, advirtió.
Finalmente, lamentó que el debate público se centre únicamente en la Caja del Congreso y no en una reforma integral del sistema previsional, especialmente de la Caja Fiscal, que agrupa a miles de jubilados de distintos sectores del país.
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