Parte de este proceso de desmantelamiento del ordenamiento constitucional y jurídico se ejemplifica en cómo el discurso de la “problemática de la tierra” ha sido una muletilla para violentar a la propiedad privada en beneficio no de aquellos quienes la necesitan para la labranza sino para aquellos quienes, bajo engaño, se benefician de los votos de los necesitados.
A la fecha, con más de 950 invasiones, esta situación se ha vuelto intolerable.
La evidencia de que no se trata de “derechos vulnerados” ni de “injusticias históricas no atendidas” viene por los datos oficiales: En más de 30 años de una interminable “reforma agraria” se han distribuido a “sin tierras” un total de 3.200.000 hás. Solo en la Región Oriental y otros 1.100.000 hás. a comunidades indígenas.
Cuántas hás. Más habría que entregarles a estas “organizaciones” para que termine la “reforma agraria”?.
Agreguemos a esto que el costo de todas estas expropiaciones lo pagamos el resto de los contribuyentes que no hemos recibido ningún beneficio de todo esto. Tampoco se ve que toda esta inversión tenga retorno alguno ni para sus propios “ocupantes” ya que la gran mayoría de las propiedades distribuidas no genera ninguna producción.
Otro dato interesante es que esto ha dejado de ser un tema de “reforma agraria”, pues de las 950 o más invasiones a la fecha, más del 50% han sido practicadas en inmuebles urbanos en las áreas alrededor de las principales ciudades.
Por si fuera poco, los mismos instigadores y promotores de esta situación, plantean nada más que prácticamente despenalizar toda invasión, convirtiendo en derecho un crimen manifiesto.
Con todo esto se demuestra que lo que se persigue no tiene que ver con la justicia o con la inequidad, sino con el desmantelamiento del orden constitucional y la suplantación del estado de derecho democrático y pluralista por un proyecto ideológico de un solo sector del espectro político, que, en su praxis, indefectiblemente ha resultado en miseria y división en todos los países que tuvieron la desgracia de caer en ellos.
Sostenemos que las penas, los procesos y las imputaciones deben ir no exclusivamente a los invasores sino también a quienes los instigan. A aquellos políticos y funcionarios que los invitan a tomar lo ajeno (nunca lo propio) como si ese derecho surgiera de la simple interpretación de estos últimos y no de la Constitución y leyes vigentes.
Por todo lo expuesto instamos al Congreso Nacional en su conjunto, a que apruebe elevar las penas y caracterizar como crimen a los invasores que comprometen el futuro no solo de los circunstanciales propietarios, sino de la República toda.
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