En un pronunciamiento público, los gobernadores señalaron que la determinación se sustenta en cuestionamientos y sospechas que, hasta la fecha, no se han traducido en denuncias formales ni en procesos concluyentes que respalden una sanción de esa magnitud.
A criterio del Consejo, la decisión del Senado debilita el modelo de gestión descentralizada que permitió implementar el programa y llevar alimentación escolar a miles de niños y niñas en diferentes regiones del país.
Recordaron que el programa Hambre Cero cuenta con recursos institucionalmente blindados, además de controles cruzados permanentes y mecanismos de trazabilidad en toda la cadena de provisión de alimentos. A esto se suman, según indicaron, la supervisión de diversas instituciones del Estado y el control cotidiano de las propias comunidades educativas.
Los gobernadores advirtieron que resulta preocupante que, bajo el argumento de presuntas irregularidades aún no comprobadas, se adopten decisiones que afectan directamente a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral.
En ese sentido, señalaron que la medida genera la percepción de que una política pública esencial para la niñez podría estar siendo utilizada como herramienta para debilitar a eventuales adversarios políticos. “El bienestar de los niños del Paraguay debe estar por encima de cualquier cálculo político”, enfatiza el pronunciamiento.
Finalmente, el Consejo de Gobernadores reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de un programa que, según sostienen, articula al Estado y a la comunidad educativa en torno a la protección y el bienestar de la niñez paraguaya.