En ese sentido, Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, manifestó este miércoles, tras una reunión de los representantes de varios gremios, explicó que la posición es compartida por docentes de los niveles inicial, escolar básico, medio, universitario e institutos superiores, quienes coinciden en que la Caja Fiscal necesita ajustes estructurales para garantizar su sostenibilidad, pero advierten que cualquier modificación debe surgir de un proceso serio, participativo y técnicamente fundamentado.
En ese marco, señaló que desde hace aproximadamente tres meses vienen trabajando de manera articulada con otras organizaciones sindicales y sectores afines en la elaboración de una propuesta alternativa, que ya fue presentada formalmente ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Según dijo, dicho documento recoge observaciones técnicas, proyecciones y argumentos sociales que, a criterio del sector, no fueron contemplados en la iniciativa oficial.
PEDIDO DE DIÁLOGO TÉCNICO E INSTITUCIONAL
Uno de los puntos centrales de la propuesta docente es la instalación de una mesa técnica y una mesa de diálogo, entendidas como espacios diferenciados pero complementarios. Resquín expresó que, mientras la mesa técnica permitiría el análisis pormenorizado de los aspectos actuariales, financieros y jurídicos del proyecto, la mesa de diálogo tendría como objetivo el intercambio político e institucional, con participación de los distintos sectores involucrados.
Explicó asimismo que el rechazo a la propuesta del Ejecutivo “tal como está” no responde a una negativa corporativa, sino a la necesidad de exponer con claridad las razones técnicas y humanas que hacen inviable el proyecto en su forma actual, así como de defender alternativas que contemplen la especificidad del trabajo docente.
AVANCES EN EL CONGRESO
En ese contexto, destacó la reunión mantenida días pasados con la Comisión Permanente, de la que participaron autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, la presidenta de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, además de senadores y diputados. Según relató, el encuentro permitió explicar de manera detallada la situación del sector y generó una mayor comprensión por parte de legisladores que hasta ahora no habían profundizado el debate.
Indicó que el presidente de la Comisión Permanente, diputado Colym Soroka, manifestó su compromiso de realizar gestiones para convocar a la mesa de trabajo, incluso en un plazo inmediato, mientras que la diputada Rocío Vallejos planteó la necesidad de analizar los proyectos artículo por artículo, propuesta que fue bien recibida por los docentes.
Si bien evitaron adelantar resultados, los gremios consideraron que se trata de un “avance significativo” en el proceso y manifestaron su expectativa de que el diálogo continúe en las próximas semanas.
TIEMPO SUFICIENTE PARA UN ANÁLISIS RESPONSABLE
El vocero de los docentes insistió en que no existen razones para apresurar la aprobación de la reforma, recordando que el propio Poder Ejecutivo señaló que la aplicación de la normativa reformada se daría recién a partir del año 2027. En ese sentido, llamó a los parlamentarios a actuar con prudencia y responsabilidad, evitando decisiones apresuradas que puedan generar conflictos sociales o afectar el normal desarrollo del sistema educativo. “Tenemos el tiempo suficiente para analizar esta cuestión como corresponde, con datos, con diálogo y con responsabilidad institucional”, remarcó.
Como parte del proceso de análisis interno, anunció la realización de un congreso nacional, con la participación de aproximadamente 1.000 dirigentes de todo el país, previsto para el 2 de febrero, en el Colegio Nacional de Luque. El encuentro tendrá carácter resolutivo y buscará otorgar un mandato claro a los representantes sindicales respecto a los términos en los que podría alcanzarse un eventual acuerdo con el Gobierno.
MESA DE TRABAJO COMO CONDICIÓN INELUDIBLE
El dirigente gremial fue categórico al señalar que la instalación de la mesa de trabajo antes del inicio del año lectivo 2026 es una condición indispensable para avanzar. Sin ese espacio, advirtieron, el sector no podrá acompañar ninguna iniciativa de reforma y la falta de diálogo podría interpretarse como una ausencia de voluntad política por parte del Ejecutivo.
No obstante, aclaró que no están impulsando medidas de fuerza ni movilizaciones en esta etapa y que su prioridad es evitar la interrupción de las clases, atendiendo al impacto que ello tendría en los estudiantes y sus familias.
LA DOCENCIA Y SU REALIDAD ACTUAL
Por otro lado, puso especial énfasis en la realidad cotidiana del trabajo docente, marcada por un contexto social cada vez más complejo, con crecientes demandas de contención emocional, pedagógica y social hacia niños y adolescentes. “Estudios recientes indican que más del 50% de los docentes presenta cuadros de estrés crónico, y que un número significativo cumple funciones pasivas, debido al desgaste físico y mental acumulado a lo largo de los años”, manifestó.
En ese marco, cuestionó la intención gubernamental de extender la edad laboral hasta los 60 años en condiciones que, a su criterio, desconocen la complejidad del trabajo en el aula, especialmente en niveles donde se trabaja con adolescentes en plena etapa de desarrollo. “Acá no está en juego únicamente la jubilación; está en juego la calidad del sistema educativo y la capacidad del Estado de sostenerlo”, afirmó.
DEBATE POLÍTICO Y CAJA PARLAMENTARIA
Finalmente, se refirió al debate en torno a la caja jubilatoria parlamentaria, señalando que su inclusión en la discusión responde más a una estrategia política que a un análisis estructural del sistema previsional. Recordó que los parlamentarios ocupan cargos electivos temporales y que su régimen jubilatorio recibe importantes aportes del Estado, con beneficios muy superiores a los percibidos por el sector docente.
En ese sentido, reclamaron que el debate sobre la reforma previsional se aborde con criterios de equidad, coherencia y responsabilidad, evitando comparaciones forzadas y discursos estigmatizantes que desvíen la atención del fondo del problema.
DECLARACIONES DE LA SENADORA CELESTE AMARILLA
En relación con las duras declaraciones de la senadora Celeste Amarilla, que criticó el rechazo docente de la reforma, y los trató de “burros y privilegiados”, Resquín expresó: “Es un poco la voz de una clase política absolutamente insensata, no estoy metiendo a todo en la misma bolsa, pero nosotros estamos acostumbrados ya a los exabruptos esquizofrénicos de Celeste Amarilla. Primero, pareciera que tiene un odio a los docentes, probablemente tuvo alguna desazón tan grande con alguna maestra, con algún maestro que tuvo alguna vez y que ese trauma se le quedó”.
En cuanto a lo de “burros y privilegiados”, señaló que los docentes se sienten privilegiados por estar al frente de sus alumnos, enseñándoles y rescatando las grandes necesidades de sus alumnos. “Porque, si nosotros tenemos alguien a quien amamos son a nuestros hijos y a nuestros alumnos”, resaltó.
En cuanto al otro al calificativo de “burros”, Resquín manifestó que los docentes realmente trabajan “como burros”. “Nosotros como somos personas propositivas, tomamos de la manera positiva lo que ella dijo, no podemos tomarnos tanto (a pecho) sus palabras, porque como dice el refrán, la palabra tiene valor según su origen”, remató.
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