En la mañana del día de ayer miércoles, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados donde uno de los temas tratados fue el proyecto de ley “Contra el acoso y sus manifestaciones en el ámbito laboral”, la cual fue rechazada por el pleno y remitida nuevamente a la Cámara Alta para su estudio correspondiente.
La iniciativa tiene como objeto prevenir, atender y sancionar el acoso en el ámbito laboral, siendo sujetos obligados los funcionarios públicos y también los trabajadores del sector privado.
El legislador Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí) quien es presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, manifestó que la normativa contiene ambigüedades y contempla situaciones que hasta podrían considerarse exageradas, en el sentido de que sean reguladas mediante una ley. Ejemplificó, el hecho de que constituya acoso laboral, la disposición de cambio de funciones desempeñadas por el trabajador.
“Ese artículo indica que las conductas descritas son meramente enunciativas y no taxativas, situación muy peligrosa ya que el empleador estaría supeditado a sanciones con cualquier innovación laboral. Además, adolece de problemas sumamente graves en el ámbito legislativo; entre ellos, uno que es insalvable por inconstitucional, que hace referencia a la Comisión de Prevención y Atención de la Violencia en el Ámbito Laboral, constituyéndola como órgano juzgador de conductas, lo que colisiona con las funciones jurisdiccionales que corresponden a los juzgados y tribunales laborales”, argumentó el parlamentario.
Por su parte, la diputada Johana Ortega perteneciente a la bancada del partido País Solidario respaldó la aprobación al argumentar que no se están proponiendo ideas absurdas, sino que se están tratando asuntos claramente definidos, como la persecución o el castigo a empleados con el fin de presionarlos para que renuncien o realicen acciones en contra de su voluntad.
El plenario de Diputados acompañó la recomendación del legislador Ávalos Mariño, quien en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, dio a conocer el dictamen de rechazo del proyecto; y optaron por rechazar el documento, remitiéndolo, nuevamente, a la Cámara de Senadores.
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