Durante una entrevista con RCC Radio este jueves, el legislador dejó la alarmante impresión de estar totalmente desconectado de los grandes y sensibles temas que se están debatiendo y peleando en el Congreso nacional.
En el contacto telefónico con nuestra emisora, el diputado reconoció haber votado “en blanco” en el tratamiento de la iniciativa contra el matrimonio infantil debido a una supuesta confusión sobre el mecanismo de votación y a explicaciones que, según afirmó, no fueron suficientemente claras. Sin embargo, al ser consultado directamente, aseguró “estar a favor” del proyecto y en contra de que los menores puedan casarse.
La explicación genera interrogantes sobre la responsabilidad con la que algunos representantes del pueblo asumen decisiones legislativas que afectan directamente la protección de niños y adolescentes. Si el diputado estaba de acuerdo con establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, ¿por qué no expresó claramente esa posición mediante su voto?
UNA EXPLICACIÓN QUE NO DESPEJA LAS DUDAS
Petersen sostuvo que el debate debe centrarse en la protección de niños y adolescentes, y reconoció que establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio constituye una medida de protección que debe complementarse con políticas de salud, educación y acompañamiento familiar.
No obstante, al explicar su voto en blanco, atribuyó el episodio a la falta de claridad en las indicaciones de la presidencia de la Cámara y afirmó que varios colegas tampoco comprendieron cómo debían votar. Incluso señaló que la votación se realizó en dos ocasiones porque existían dudas sobre el procedimiento.
El legislador también alegó que algunos diputados pretendían levantarse y dejar sin cuórum la sesión, circunstancia que, según su versión, habría contribuido a acelerar el trámite.
Pero el argumento no elimina la cuestión central: la confusión alegada puede explicar lo ocurrido, pero no deja de ser preocupante que un representante parlamentario no tenga claridad sobre el sentido de su voto en un asunto tan delicado. La responsabilidad legislativa exige informarse, comprender el alcance de los proyectos y expresar una posición coherente, especialmente cuando está en juego la protección de menores.
La contradicción quedó expuesta cuando el entrevistador tuvo que preguntarle reiteradamente si estaba a favor o en contra de la iniciativa. Finalmente, Petersen afirmó que apoyaba el proyecto y que no estaba de acuerdo con que los menores pudieran casarse.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la propuesta, que busca establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. El proyecto apunta a cerrar una posibilidad legal que afecta especialmente a niñas y adolescentes expuestas a relaciones desiguales y situaciones de vulnerabilidad.
RESOLUCIONES DEL MEC: RESPUESTAS AMBIGUAS ANTE UN DEBATE EDUCATIVO DE FONDO
La falta de precisión también quedó en evidencia cuando Petersen fue consultado sobre el proyecto de declaración aprobado en Diputados que insta al MEC a derogar las resoluciones que restringen el uso de materiales relacionados con la ideología de género en las instituciones educativas.
En lugar de definir claramente su postura frente al pedido de retirar esas disposiciones, el legislador comenzó hablando de la necesidad de revisar los contenidos preventivos, los materiales utilizados y las dudas que pueden generar las resoluciones entre los docentes.
Aseguró estar de acuerdo con que los materiales educativos sean claros y no generen confusión entre maestros y estudiantes. Sin embargo, sus respuestas no permitieron distinguir con precisión si respaldaba la derogación solicitada por sus colegas o si consideraba que debían mantenerse las restricciones establecidas por el MEC.
Cuando el entrevistador le advirtió sobre el riesgo de permitir nuevamente materiales que, según los cuestionamientos planteados, promueven la ideología de género en las escuelas, Petersen manifestó su acuerdo con la preocupación y sostuvo que ciertos contenidos pueden generar dudas incluso entre los adultos, con mayor razón entre los niños y jóvenes.
El diputado insistió en que la educación debe ofrecer contenidos adecuados a cada edad, sustentados en fundamentos científicos, con transparencia y participación de las familias. También afirmó que el MEC debe explicar qué se enseña, qué materiales se utilizan y cuáles son sus objetivos.
Aunque estos principios son importantes, no responden por sí solos a la pregunta de fondo: ¿está de acuerdo con retirar las resoluciones que restringen esos materiales o considera que deben seguir vigentes?
La cuestión no es menor. Las decisiones sobre contenidos educativos, formación afectivo-sexual y participación de las familias requieren posiciones claras, porque afectan el trabajo de los docentes y el derecho de los padres a conocer y participar en la educación de sus hijos.
Apoya penas contra quienes promuevan estos contenidos, pero no define con claridad su posición sobre las resoluciones
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando Petersen fue consultado sobre una movilización de padres de familia que presentó una propuesta legislativa para establecer sanciones, incluso penales, contra quienes promuevan determinados contenidos vinculados con la ideología de género dentro de las instituciones educativas.
El diputado respondió de manera categórica: “Totalmente de acuerdo”.
Agregó que se debe impedir el ingreso de materiales que, a su juicio, atenten contra la libertad y la familia, y reclamó que los padres tengan claridad sobre lo que sus hijos reciben en las escuelas.
Su respuesta contrasta con la ambigüedad que había mantenido al referirse al pedido de derogar las resoluciones del MEC. Si considera necesario proteger a las familias frente a materiales que juzga perjudiciales, resulta razonable exigirle que explique con la misma claridad qué piensa sobre las disposiciones ministeriales que regulan su utilización.
De todos modos, respaldar una iniciativa de sanciones penales no equivale a que esa propuesta ya sea ley ni determina por sí mismo la responsabilidad jurídica de las personas involucradas. Cualquier eventual régimen sancionatorio deberá ser examinado conforme a la Constitución, la legalidad, la precisión de las conductas prohibidas y las garantías correspondientes.
LA CIUDADANÍA MERECE POSICIONES CLARAS, NO RESPUESTAS QUE DEJAN MÁS PREGUNTAS
Las declaraciones de Petersen dejan una impresión preocupante: ante dos debates que exigen rigor, conocimiento y responsabilidad, el legislador recurrió a explicaciones imprecisas y obligó al entrevistador a insistir para obtener respuestas concretas.
En el caso del matrimonio infantil, terminó reconociendo que apoyaba la iniciativa, pero justificó su voto en blanco por una confusión procedimental. En el debate educativo, defendió la transparencia, la participación familiar y la protección de los estudiantes, pero no aclaró de manera inequívoca si respalda o rechaza la derogación de las resoluciones del MEC. Al mismo tiempo, manifestó un apoyo contundente a una propuesta de sanciones penales contra quienes promuevan determinados contenidos en las escuelas.
La coherencia entre las convicciones expresadas y las decisiones adoptadas constituye una exigencia básica para cualquier representante electo. No basta con invocar la protección de la niñez y la familia: es necesario explicar con precisión qué se defiende, qué se rechaza y por qué.
Cuando están en juego los derechos de los niños, la responsabilidad de los legisladores no puede quedar diluida entre confusiones, generalidades y respuestas contradictorias.
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