Paraguay no sigue atrasado por falta de recursos ni por mala suerte histórica. Lo está porque la dirigencia política —tanto oficialista como opositora— decidió en todo este tiempo convivir cómodamente con estructuras obsoletas que han servido más bien para repartir poder que para prestar servicios de alta calidad.
Por ejemplo, la ANDE, con uno de los mayores potenciales energéticos de la región, opera con lógicas administrativas del siglo pasado, y sigue en su intento de endeudar indefinidamente al país, y no se abre a otras posibilidades, como la incorporación del capital privado.
La ESSAP sigue siendo sinónimo de precariedad en un país donde el acceso al agua potable debería ser un derecho garantizado, teniendo en cuenta que cuenta con dos de los ríos más grandes del mundo y el Acuífero Guaraní. El IPS, mientras tanto, camina hacia un colapso anunciado, con un sistema jubilatorio que financieramente se irá debilitando, y un servicio de salud que sobrevive a fuerza de parches.
Lo más grave es que nada de esto es nuevo. Los diagnósticos existen desde hace más de tres décadas, los informes técnicos se acumulan y las advertencias están documentadas. Lo que faltó —y sigue faltando— es una robusta voluntad política para asumir el costo de reformar.
En este punto debo ser honesto en reconocer que este Gobierno está haciendo el esfuerzo, pero todavía es insuficiente, porque reformar lleva su tiempo y, sobre todo, implica la pérdida de privilegios, enfrentar sindicatos corporativos, desmontar feudos partidarios y dejar de usar las empresas públicas como cajas de empleo y clientelismo. Y eso, para la clase política, siempre fue innegociable.
Hoy, sectores opositores acusan al actual Gobierno de no resolver problemas sociales estructurales como la salud colapsada, la educación deficiente y la infraestructura insuficiente. Pero esa crítica raya en la hipocresía, puesto que pretender que un solo periodo de gobierno repare 30 años de desidia es intelectualmente deshonesto. Los mismos que hoy exigen resultados inmediatos fueron, en muchos casos, cómplices del inmovilismo que nos trajo hasta aquí.
Que el oficialismo cuente, por primera vez desde 1989, con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso tampoco es una excusa, es una prueba de fuego. Si esa mayoría se utiliza solo para administrar lo existente y evitar conflictos, será una traición histórica. Tener poder y no usarlo para reformar es peor que no tenerlo. Significa legitimar el atraso con votos.
La verdad incómoda es esta: Paraguay no va a despegar en cinco años. Ni siquiera en diez, si sigue atrapado en el miedo político a cambiar. El país necesita, como mínimo, dos o tres periodos consecutivos de reformas profundas, sostenidas y coherentes. Además, sin seguridad jurídica real, sin reglas claras, sin instituciones previsibles, hablar de inversiones y generación de empleos sería pura propaganda.
La seguridad jurídica no se decreta: se construye. Y se construye dejando de cambiar reglas según el humor político, dejando de intervenir instituciones a conveniencia y dejando de proteger ineficiencias estatales en nombre de una falsa soberanía, o porque produce o presta servicios “estratégicos”.
El problema de fondo no es económico. Es moral y político. Paraguay no fracasa por falta de oportunidades, sino por exceso de cobardía dirigencial. Mientras la política siga eligiendo la comodidad del statu quo antes que el conflicto reformista, el país seguirá administrando su potencial con mentalidad de subsistencia.
Creo que el tiempo ya no juega a nuestro favor. Todo lo contrario. O se rompe de una vez por todas con el autoengaño nacional, o dentro de otros 30 años alguien seguirá escribiendo la misma columna, pero quizás desde una posición mucho peor que en el que estamos actualmente.
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