La reciente ofensiva desde el Senado alrededor de las operaciones de UENO Bank vuelve a poner sobre la mesa un asunto extremadamente delicado. Se pueden pedir informes, revisar operaciones, verificar límites legales, investigar eventuales vinculaciones y determinar si existieron privilegios o irregularidades. Todo eso corresponde.
Lo que no corresponde es transformar una investigación en una “guerra política” que termine sembrando dudas generalizadas sobre bancos, financieras, ahorros, depósitos y fondos previsionales sin que existan previamente conclusiones técnicas y jurídicas que sustenten semejante alarma.
El sistema financiero no funciona con discursos políticos: funciona con confianza. Y la confianza, una vez destruida, es muy difícil de reconstruir.
Paraguay ya conoce esta historia. La crisis bancaria de los años 90, de la cual fui testigo como periodista, dejó una lección demasiado dolorosa como para olvidarla. Bancos que parecían sólidos terminaron cayendo, miles de ahorristas (de clase media para abajo) perdieron dinero y el Estado tuvo que asumir enormes costos económicos y sociales. No fue simplemente una crisis de bancos: fue una crisis de confianza que golpeó a toda la economía nacional.
Por eso resulta preocupante que algunos sectores políticos parezcan dispuestos a llevar una disputa de poder hasta las puertas mismas del sistema financiero.
¿Hay que investigar las operaciones de UENO Bank o de cualquier otro? Sí, si existen elementos que lo justifiquen.
¿Hay que determinar si se respetaron los límites regulatorios y si hubo trato preferencial? Por supuesto.
¿Debe investigarse la concentración de fondos públicos y del IPS en determinadas entidades? También.
Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es politizar la supervisión financiera.
Porque si una intervención contaminada por intereses político-electoralistas y económicos-financieros de sectores poderosos (que tienen sus propios intereses espurios, que los defiende a través de sus propios medios de comunicación de masa) termina instalando en la sociedad la percepción de que el sistema bancario está manipulado, que los depósitos están en riesgo o que determinadas entidades son insolventes sin que exista una conclusión técnica que lo respalde, el daño puede ser enorme.
Y no lo pagarán solamente los accionistas de un banco o «los más ricos de nuestra sociedad».
Lo pagarán los medianos y pequeños ahorristas, trabajadores, jubilados, empresas, comerciantes y ciudadanos comunes.
Un banco no vive únicamente de sus accionistas. Vive de la confianza de quienes depositan allí sus salarios, sus ahorros y el fruto de años de trabajo. También depende de que las empresas puedan acceder al crédito y de que los ciudadanos tengan certeza de que mañana podrán disponer de su dinero.
Por eso las advertencias formuladas en el Senado por legisladores como Eduardo Nakayama merecen ser escuchadas, más allá de las diferencias políticas. El citado legislador planteó la necesidad de prudencia y recordó precisamente el antecedente de la crisis bancaria de los 90.
No significa que las denuncias deban ser archivadas ni que las autoridades deban mirar hacia otro lado. Significa exactamente lo contrario: las investigaciones deben ser serias, independientes, técnicas y documentadas. Además, todavía hay que analizar a fondo y determinar las «motivaciones» de la oposición en este momento.
Si hubo irregularidades, que se demuestren. Si hubo privilegios, que se identifiquen. Si se violaron normas, que se sancione a los responsables. Si hubo utilización indebida de fondos públicos, que se establezcan responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Pero si los organismos de control determinan que las operaciones se ajustaron a la legislación, también debe respetarse esa conclusión.
Porque en una democracia las instituciones no pueden funcionar según quién esté circunstancialmente en el Gobierno o quién aspire a derrotarlo en las próximas elecciones.
El Banco Central necesita controles, pero también necesita independencia técnica y credibilidad. El sistema financiero necesita regulación, pero también necesita previsibilidad. Y el ciudadano necesita saber que sus ahorros no se convertirán en munición de una batalla política.
Hay una diferencia enorme entre destapar una irregularidad y provocar una crisis.
Una investigación responsable puede fortalecer al sistema financiero. Una campaña política irresponsable puede debilitarlo.
Y cuando la confianza comienza a romperse, nadie puede garantizar hasta dónde llegará el efecto dominó.
Por eso la advertencia debe ser clara: no juguemos con el sistema financiero paraguayo.
No es perfecto. Tiene problemas, debe ser fiscalizado y puede —y debe— mejorar. Pero precisamente porque es un componente esencial de la economía nacional, cualquier cuestionamiento debe manejarse con el máximo rigor.
La historia paraguaya ya demostró lo que ocurre cuando la confianza desaparece de los bancos.
No necesitamos otra crisis bancaria para aprender nuevamente la misma lección.
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