Desde el pasado miércoles, las maquinarias y vehículos de la Municipalidad dejaron de operar por falta de combustible, generando un impacto directo en servicios clave como el arreglo de calles, el aseo urbano, los controles de tránsito y otras labores cotidianas indispensables para el funcionamiento de la ciudad.
La raíz del conflicto está en la decisión de la Junta Municipal de no renovar el convenio con Petropar, la estatal proveedora de combustible. Dicho acuerdo permitía a la comuna acceder al suministro sin necesidad de una licitación pública, tal como lo establece la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, y recientemente ratificada en el Decreto N° 3248/2025, reglamentario del Presupuesto General de la Nación.
Pese a este respaldo legal, la mayoría de los concejales de la ANR exige que el combustible se adquiera vía concurso de ofertas. En respuesta, el intendente Magín Benítez (PLRA) vetó la decisión y pidió reconsiderar la postura, advirtiendo que la paralización afecta directamente a los ciudadanos.
El intendente también recordó que Petropar abastece actualmente a casi 200 municipios a través del mismo tipo de convenio rechazado por la Junta, y que la Contraloría General de la República recomienda optar por la estatal para asegurar mejores precios y mayor transparencia.
Por su parte, los concejales colorados alegan que Benítez no respondió a tiempo los pedidos de informes sobre el uso de combustibles, y critican que haya esperado un mes para vetar la decisión, cuando el problema de abastecimiento ya estalló.
Mientras el conflicto político se intensifica, los caminos no se arreglan, las calles no se limpian y los servicios se frenan, generando malestar ciudadano y una sensación de abandono que sigue creciendo.
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