Uno de los puntos más críticos señalados por el senador es la vulnerabilidad del sistema de recaudación. Según datos recabados por su oficina, de los 17 peajes nacionales, solo 9 cuentan con un sistema informático centralizado.
«El resto tiene sistemas precarios y el arqueo diario se hace prácticamente a mano. No hay cámaras ni controles, lo que se presta directamente para que el dinero se desvíe», sentenció Oviedo. Esta falta de modernización no sería accidental, según el legislador, sino una deficiencia que facilita el manejo discrecional de los recursos.
Oviedo se eco de las denuncias de sindicatos del MOPC, quienes alertaron sobre la presencia de empresas privadas (específicamente mencionaron a «Ruta del Sur» en el peaje de Itá) realizando relevamientos de datos sensibles. El temor de los funcionarios: Existe una alerta generalizada por la posible pérdida de empleos ante una tercerización que no ha sido comunicada oficialmente.
El senador cuestionó que una empresa privada ya esté operando en puestos de peaje de la Ruta 1, cuando las obras de ampliación ni siquiera han comenzado. «No debería tener injerencia todavía», afirmó.
Durante la entrevista, se abordó la situación de la Ruta Luque-San Bernardino, hoy bajo control de «Rutas del Este». Oviedo criticó que se utilicen adendas para adjudicar peajes y obras adicionales, evadiendo los procesos estándar de contrataciones públicas.
«Se manejan de una forma muy extraña e irregular. Utilizaron una adenda para una ruta del año 2002 para conceder obras nuevas, forzando los números para que encajen en los límites legales de ampliación presupuestaria», explicó el senador.
INCERTIDUMBRE Y DESALOJO DE CIUDADANOS
El impacto social de estos proyectos «a puertas cerradas» es alarmante. El senador denunció que, en zonas como Areguá y Luque, empleados de empresas privadas ingresan a propiedades particulares sin permiso para realizar mediciones.
En una audiencia pública reciente, se descubrió que ni el propio MOPC tiene datos precisos. Mientras el Ministerio de Educación advirtió que 64 escuelas podrían ser afectadas por el trazado de la autopista elevada, el MOPC solo tenía registro de tres, según Oviedo.
La entrevista dejó al descubierto una gestión ministerial hermética. Tanto los periodistas como el senador coincidieron en que la actual ministra no responde consultas ni mensajes, lo que obliga al Legislativo a recurrir a pedidos de informe y posibles citaciones presenciales.
La sospecha de un «gran negociado» sobrevuela el manejo de los peajes. Si el Estado no sabe cuánto dinero ingresa realmente en más de la mitad de sus puestos, la fuga de capitales es inevitable, y la tercerización aparece, no como una solución técnica, sino como una entrega de recursos públicos a manos privadas sin el debido proceso.
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