La nueva norma actualiza el marco legal vigente desde la ley N.º 1590/2000 y busca transformar el sistema de transporte público con la incorporación de tecnologías modernas, modelos de gestión más sostenibles y un enfoque orientado al usuario. El objetivo central es ofrecer un servicio más seguro, accesible y confiable, con mejores tiempos de viaje, mayor regularidad y mayor previsibilidad para los pasajeros.
Entre los puntos más relevantes del texto aprobado se mantiene la declaración del transporte metropolitano como «servicio público esencial«. En ese sentido, se establece un servicio mínimo obligatorio del 60% en caso de huelgas o paros, con el fin de garantizar la movilidad básica de la ciudadanía.
También se ratificó el cambio introducido en relación con los trabajadores del sistema. La normativa establece que las futuras empresas concesionarias deberán incorporar al personal existente, aunque elimina la obligación automática de absorber a todos los conductores, como preveía la versión original del proyecto.
Otro de los ajustes aprobados es la revisión anual de la delimitación de las áreas metropolitanas, un proceso que contará con la participación de municipalidades y gobernaciones, a través del Comité Estratégico de Movilidad Sostenible. Además, el alcance del Área Metropolitana se amplía para incluir municipios del departamento de Cordillera, junto con las localidades de Central y el Bajo Chaco.
Con la sanción final del Congreso, el proyecto queda a la espera de la firma del Poder Ejecutivo, paso que permitirá implementar un marco legal actualizado para mejorar la calidad del transporte público y atender las demandas de movilidad de miles de usuarios.
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