El diputado Saúl González (ANR-Central) presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la creación del “Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos”. La iniciativa pretende dar respuesta a una realidad alarmante: la falta de asistencia económica para mujeres que sobrevivieron a ataques violentos con secuelas físicas severas.
Según explicó el legislador, el proyecto nace como una respuesta concreta a las secuelas físicas y psicológicas que enfrentan estas mujeres, muchas de las cuales quedan en situación de discapacidad, imposibilitadas de reinsertarse laboralmente y expuestas a múltiples formas de exclusión. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan profundamente su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, argumentó González.
¿Qué monto establecería la pensión mensual para las mujeres victimas?
A diferencia de la Ley 7349/2024, que otorga pensiones a hijos, hijas y personas con discapacidad víctimas colaterales del feminicidio, el nuevo proyecto apunta directamente a quienes sobrevivieron estos ataques. La propuesta contempla una pensión mensual equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente, financiada por el Estado, con una duración de diez años. En los casos donde las víctimas hayan quedado con una discapacidad igual o superior al 33%, el beneficio sería vitalicio.
¿Qué institución sería la encargada de aplicar el programa?
El Ministerio de la Mujer sería la institución encargada de administrar el programa, evaluar las solicitudes y verificar la documentación médica correspondiente. Asimismo, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) tendría a su cargo la certificación de los casos de discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública prestaría asistencia en aquellos casos donde las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.
Durante la presentación del proyecto, el legislador también incluyó datos estadísticos y casos recientes ocurridos en departamentos como Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro y Asunción, donde mujeres jóvenes fueron brutalmente atacadas por sus parejas o exparejas, utilizando machetes, armas de fuego o cuchillos. Muchos de estos hechos dejaron consecuencias físicas permanentes.
González también citó un estudio de la Revista Jurídica del Poder Judicial que revela que solo el 24% de las denuncias por violencia contra la mujer, en el marco de la Ley Nº 5777/16, culmina en una condena. Esta estadística, según señaló, refleja la fragilidad del sistema actual de protección.
“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, expresó el diputado.
El proyecto fue remitido a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Presupuesto; Equidad Social; Familia y Personas Adultas Mayores, entre otras, para su estudio y dictamen.
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