El parlamentario Tadeo Rojas, por la Comisión de Presupuesto, recordó que el documento se encuentra en su tercer trámite constitucional y que el ente asesor a su cargo emitió un dictamen aceptando las modificaciones de la Cámara Ata.
La normativa nació en Diputados y entre las principales modificaciones planteadas por la cámara revisora, en este caso, la Cámara de Senadores, se puede mencionar el aumento de la asignación anual de recursos, de 5.000 salarios mínimos a no menos de 7.000 salarios mínimos, para actividades diversas no especificadas.
Además, se prevé un Consejo Directivo que se encargará de controlar las transferencias, mientras que los ordenadores de gastos tendrán estatus de funcionarios públicos, de manera a que puedan ser sancionados en caso de mal manejo de los fondos.
El documento establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la cobertura de gastos en centros asistenciales privados para aquellos bomberos que sufran lesiones durante un servicio.
En tanto, las indemnizaciones contempladas deberán salir del plan de gastos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), según recordaron los legisladores durante el tratamiento de este punto.
Otras cuestiones especificadas son la finalidad del servicio voluntario; las funciones; competencias del Consejo Directivo; autoridad de aplicación; régimen de exoneración de tributos; régimen de seguridad laboral; y protección de salud, indemnizaciones, entre otros ítems.
La diputada Del Pilar Medina, titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, agregó que las modificaciones de la Cámara de Senadores favorecerán, considerablemente, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, en lo que respecta a la seguridad social; las mejoras en el presupuesto; y en lo referente al seguro médico.
Igualmente, acompañaron las modificaciones, los diputados Carlos López, y Kattya González.
Según refieren los impulsores del documento, el mismo se constituirá en una herramienta importante para saldar la deuda que tiene el Estado paraguayo con los bomberos, en especial, en lo relacionado con la cobertura médica, económica y psicológica, así como en el manejo de los riesgos laborales, accidentes o decesos que se producen durante los actos de servicio.
El documento pasa al Poder Ejecutivo.
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