Uno de los cambios centrales es la incorporación del Estado como aportante con un 10% en concepto de contribución patronal. Desde el Senado, este punto fue presentado como una mejora respecto a la versión original, al transparentar el rol estatal en el financiamiento del sistema. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad real de este compromiso en un escenario de caída de ingresos y restricciones fiscales.
La ley también redefine las condiciones de acceso a la jubilación. Para docentes y magistrados, se establece una edad mínima de 53 años con 25 años de aporte, con una tasa de sustitución inicial del 78%, que puede escalar hasta el 90%. Además, se introduce el reconocimiento de hasta dos hijos como años de servicio para mujeres docentes y un régimen de transición que permitirá optar entre el sistema actual y el nuevo a quienes ya acumulen al menos 20 años de aporte.
En el caso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se fija la jubilación a partir de los 55 años con 25 años de servicio, manteniendo un esquema de cálculo basado en el promedio salarial de los últimos cinco años.
Aunque el oficialismo defendió los cambios incorporados durante el trámite legislativo, el trasfondo del debate permanece intacto: la sostenibilidad de la Caja Fiscal frente a un déficit estructural que continúa en aumento. El allanamiento de la Cámara de Diputados a las modificaciones del Senado dejó en evidencia una correlación de fuerzas favorable al Ejecutivo, reduciendo el margen de resistencia política.
Con la promulgación ya concretada, se abre una etapa de implementación que pondrá a prueba la efectividad de la reforma. La incógnita central es si los ajustes permitirán equilibrar el sistema previsional o si, en la práctica, terminarán trasladando las tensiones financieras hacia el futuro.