Durante las deliberaciones, el Consejo evaluó antecedentes económicos, laborales y jurídicos relacionados con el reajuste salarial. Tras el análisis, la representación del Gobierno y de los trabajadores coincidió en que existe una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, por lo que consideraron necesario recomendar un incremento que permita una recuperación real de los ingresos.

El documento aprobado sostiene que las evidencias analizadas muestran una evolución desigual de los ingresos entre los distintos sectores de la economía y una afectación directa a los trabajadores de menores recursos, razón por la cual se plantea un reajuste que vaya más allá de una simple actualización nominal.
No obstante, la representación del sector empleador votó en contra de las conclusiones y mantuvo su postura de que cualquier aumento debe ajustarse exclusivamente a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como se ha aplicado tradicionalmente.
La falta de acuerdo evidenció las diferencias entre empresarios y trabajadores respecto al mecanismo adecuado para actualizar el salario mínimo. Mientras los representantes laborales sostienen que el reajuste debe permitir recuperar capacidad de compra, el sector empresarial considera que un incremento superior a la inflación podría generar efectos negativos sobre la actividad económica y el empleo.
Pese a la ausencia de consenso, el CONASAM resolvió elevar al Poder Ejecutivo todas las propuestas presentadas, junto con los informes técnicos y las posiciones de cada sector, para que el presidente de la República adopte la decisión final. El organismo recordó además que su función es exclusivamente consultiva y recomendatoria, ya que la facultad de fijar el salario mínimo corresponde al Poder Ejecutivo.
Concluido el proceso de análisis, la definición sobre el reajuste salarial para 2026 queda ahora en manos del Gobierno, que deberá evaluar las recomendaciones y determinar el porcentaje de aumento que regirá para los trabajadores que perciben el salario mínimo.















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