El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que mantiene más de USD 516 millones en colocaciones financieras vinculadas a Ueno Bank, una cifra que dimensiona la exposición de los fondos de los aportantes, jubilados y pensionados en la entidad financiera cuya resolución derivó en una investigación fiscal.
El monto fue revelado por el abogado Enrique Galeano, director jurídico del IPS, durante el procedimiento de allanamiento realizado por el Ministerio Público en la Caja Central de la institución y en la sede de la Dirección de Inversiones, ubicada en el edificio Renta Palma.
La diligencia se enmarca en la investigación sobre las operaciones financieras realizadas con Ueno Bank y la causa que involucra al expresidente de la República Santiago Peña.
Galeano aseguró que el IPS está colaborando con los investigadores y que todas las autoridades institucionales se encuentran a disposición de la Fiscalía.
“Estamos acompañando, recibimos un allanamiento por parte de la Fiscalía, el IPS está abierto y colabora con la investigación, se somete a la justicia como corresponde”, manifestó.
Explicó que los fiscales solicitaron documentación relacionada con las colocaciones financieras, las cuentas operativas y los recursos que la previsional mantenía en Ueno Bank.
USD 516 MILLONES: DINERO DE LOS APORTANTES Y JUBILADOS
Uno de los datos más relevantes de las declaraciones de Galeano fue la confirmación del volumen de dinero comprometido en la entidad financiera.
El director jurídico precisó que el total colocado en Ueno supera los USD 516 millones, aunque aclaró que no maneja en detalle el desglose entre Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y bonos, debido a la cantidad de operaciones y documentos involucrados.
“Estamos hablando de más de 500 millones de dólares, que es dinero de los aportantes y de los jubilados y pensionados”, reconoció.
La magnitud de la cifra vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de quienes administraron los recursos del seguro social y los criterios utilizados para decidir dónde colocar el dinero de los trabajadores y empleadores.
Galeano sostuvo que las inversiones fueron realizadas mediante concursos y licitaciones, conforme a los reglamentos institucionales, y que los títulos valores correspondientes permanecen resguardados en la bóveda del IPS.
Afirmó además que las decisiones eran analizadas por un comité técnico de inversiones, con asesoramiento financiero, que recomendaba al Consejo de Administración las entidades y alternativas para colocar los fondos.
“Están los informes técnicos y todo se manejó técnicamente de acuerdo a los asesores financieros”, insistió.
No obstante, aclaró que determinar si existieron responsabilidades penales corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a la Justicia.
IPS ASEGURA QUE NO CONOCÍA EL RIESGO DE INSOLVENCIA
Otro punto central de la entrevista fue la explicación sobre la información que manejaba el IPS antes de realizar las colocaciones en Ueno Bank.
Consultado sobre si la institución tenía conocimiento de que el banco atravesaba dificultades que podían conducir a una situación de insolvencia, Galeano respondió categóricamente que no.
“No teníamos información de eso. De hecho, como todos los demás ahorristas y depositantes, confiábamos en el sistema financiero y en los informes emitidos por el Banco Central del Paraguay”, afirmó.
Según explicó, el IPS recibía calificaciones de riesgo e informes de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, documentos que eran considerados por el comité técnico de inversiones antes de recomendar las operaciones.
También fue consultado sobre las advertencias que habían surgido en publicaciones periodísticas respecto al crecimiento acelerado y la relativa juventud de Ueno Bank.
Al respecto, respondió que supone que los técnicos tuvieron en cuenta esos elementos, aunque recordó que la política de inversiones contempla la diversificación de los recursos en distintas entidades del sistema financiero.
¿EL BANCO CENTRAL PROPORCIONÓ INFORMACIÓN INCORRECTA?
Una de las declaraciones más delicadas de Galeano estuvo relacionada con la posibilidad de que información tergiversada o una calificación incorrecta del Banco Central haya influido en las decisiones de inversión del IPS.
El director jurídico admitió que esa situación pudo haber ocurrido y que eventualmente habría condicionado las decisiones adoptadas por los responsables de administrar los fondos.
“Sí, evidentemente una información tergiversada puede llevar a una mala decisión y efectivamente pudo darse el caso de que información o calificación incorrecta pudo haber generado decisiones incorrectas”, expresó.
Esta afirmación introduce un elemento de particular importancia en la investigación: la calidad de la información oficial disponible para los administradores de los recursos previsionales y el papel que desempeñaron los organismos de supervisión financiera.
Sin embargo, Galeano no identificó una calificación específica ni precisó qué informe habría contenido información incorrecta.
IPS BUSCA RECUPERAR LOS FONDOS Y ENTREGA TÍTULOS A LA FISCALÍA
Mientras avanza la investigación penal, el IPS también participa en el proceso de resolución de Ueno Bank, bajo intervención de los responsables designados por el Banco Central, con el objetivo de obtener el reconocimiento de sus acreencias y recuperar los recursos colocados.
Galeano manifestó que la institución tiene expectativas de recuperar el dinero y confirmó que los títulos valores correspondientes permanecen en la bóveda institucional.
“Estamos participando y pidiendo el reconocimiento de nuestras acreencias en el proceso de resolución que se lleva a cabo por los interventores del BCP y estamos confiados en que podremos recuperar el dinero del IPS”, sostuvo.
Añadió que los fiscales solicitaron copias de toda la documentación, que será autenticada y puesta a disposición del Ministerio Público.
El allanamiento y las declaraciones del director jurídico dejan varios puntos que deberán ser esclarecidos: cómo se decidió concentrar más de USD 516 millones en Ueno Bank, qué evaluaciones de riesgo se realizaron, qué información recibió el comité de inversiones y si los controles institucionales fueron suficientes para proteger los recursos previsionales.
La defensa del IPS sostiene que se cumplieron los procedimientos técnicos y reglamentarios. Pero la existencia de informes, licitaciones y títulos valores no sustituye la necesidad de determinar si las decisiones fueron prudentes, quiénes las autorizaron y si hubo responsabilidades por la exposición de semejante volumen de dinero de los asegurados.
Los fondos comprometidos no pertenecen a los administradores de turno: pertenecen a los trabajadores, aportantes y jubilados que sostienen el sistema previsional. La investigación deberá establecer qué ocurrió con esos recursos y quiénes deben responder.














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