Filadelfia, RCC.- Se trata de una iniciativa parlamentaria que permitirá el subsidio temporal a unas 20 mil familias que han quedado en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
En su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), significó que el monto total del proyecto alcanza unos 125 millones de dólares, que se constituyen de un remanente del Programa Pytyvõ (USD 105 millones) y de fondos propios de Salud Pública (USD. 20 millones).
Indicó que se prevé un pago de G. 500 mil a cada beneficiario que podrá ser aplicado hasta en 4 oportunidades.
El proyecto prevé que podrán acogerse a este beneficio, trabajadores cuentapropistas; dependientes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES); y trabajadores que, habiendo sido cotizantes del IPS, hayan sido despedidos durante la declaración del Estado de Emergencia Nacional.
Varias ideas paralelas fueron analizadas también durante el estudio del documento, como la del diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), quien solicitó al gobierno nacional, hacer una reingeniería de los saldos remanentes y direccionar el presupuesto a los compatriotas que hoy pasan necesidades, sin obligatoriamente seguir endeudando al país.
“Traslademos los créditos al 2021 en todo caso; acaso no tiene que ser la prioridad atender las necesidades de los compatriotas en este momento; las obras son importantes, claro está, pero atendiendo el caos actual no puede esperar un poco esto y ayudar a los que están siendo golpeados por la pandemia”, cuestionó.
Por otra parte, los legisladores provenientes de ciudades de frontera, comentaron el estado crítico que viven los trabajadores en esas zonas. La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), sostuvo que sólo en Saltos del Guairá hay más de 3.500 trabajadores despedidos de comercios y, de entre 10 y 15 mil cuentapropistas que hoy no llevan sustentos a sus hogares.
Una alocución similar se dio por parte de las diputadas Roya Torres (PLRA-Alto Paraná) y Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), esta última, sostuvo que en Ciudad del Este hay 20 mil trabajadores informales que desde marzo están sin trabajo.
Tras estas consideraciones, el documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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