Cabe recordar que, según fuentes del Gobierno del Paraguay, el pasado 31 de marzo, trascendió en los medios del vecino país un supuesto “espionaje” de la Agencia de Inteligencia brasileño, que luego fue reconocido por el actual Gobierno del Brasil. Una de las decisiones adoptadas por el gobierno paraguayo fue suspender de forma unilateral las negociaciones del Anexo C de ITAIPU Binacional, cuya firma estaba prevista para el 30 de mayo pasado.
Al respecto, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, había asegurado que esta suspensión “no favorece” al Brasil, porque existen plazos establecidos en un Memorándum de Entendimiento del 30 de mayo (de este año), y la tarifa actual ya está acordada hasta el año 2027. Sin embargo, el Gobierno brasileño no ha dado explicación alguna hasta ahora sobre el “acción de inteligencia”, tal como lo exige nuestro país.
Es más, algunos medios brasileños indican que Paraguay habría incurrido en una “violación” del compromiso firmado hace un año (sobre las tarifas, calificado como un “logro histórico” por el presidente Peña), y que si el proceso no concluía el plazo acordado (30/05/25), todo podría caer; es decir, sobre todo la tarifa fijada de 19.28 dólares por kW/mes, durante entre los años 2025 y 2027.
Eso significaría que la tarifa puede ser reducida y volver a la anterior de 16.19 dólares, lo cual llevaría las conversaciones sobre el anexo C de vuelta al inicio. El Anexo se trata de la comercialización de la energía generada por la Binacional, que es dividida igualmente entre los dos países, pero con la venta del excedente paraguayo al Brasil.
El Tratado y el Anexo vencieron en año 2023 y recién en mayo del 2024 los gobiernos del brasileño llegaron a un acuerdo sobre la tarifa, teniendo en cuenta que debía ser reducida en un mínimo de 12 dólares/kW mes, puesto que en el 2023 la Itaipú dejó de pagar la enorme deuda contraída en el pasado, y la actual tarifa debería reflejar solo los costos de operación.
Paraguay quería una tarifa de 22 dólares, pero Brasil defendía que se mantenga en 16 dólares, que “serían suficientes” para las inversiones socioambientales. No obstante, se logró un acuerdo sobre una tarifa intermedia de 19,28 dólares el kW/mes, que ahora podría estar en riesgo.
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