El beneficio de Pensión Alimentaria (Ley Nº 3728/2009) comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social, el cual abarcaba en ese año a aproximadamente el 20% de la población adulta mayor.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos destinados a la protección económica de la población adulta mayor. Como resultado, hoy en día esta pensión que otorga el Estado llega a casi 280.000 personas.
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